La crisis de seguridad en el departamento de Nariño se agudiza cada día debido a la creciente influencia y control de grupos guerrilleros y disidencias sobre las áreas rurales. En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo se reveló una preocupante táctica de subyugación por parte de los guerrilleros de la Segunda Marquetalia.
Se trata del cobro de 500.000 pesos a quienes deseen ingresar al corregimiento Alto Guandipa, en el municipio de Mosquera, después de las 6:00 p. m., afectando así a residentes y visitantes por igual.
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Esta modalidad de control no solo impacta la economía local, sino también infringe seriamente el derecho básico a la libre movilidad de los ciudadanos. Para exacerbar la situación, se informó que las familias de esta región deben solicitar un permiso directamente a los guerrilleros para poder desplazarse desde y hacia sus hogares.
Ante denuncias sobre estas y otras violaciones de derechos humanos, una delegación de la Defensoría del Pueblo visitó el municipio de Mosquera. Se identificó el lugar, como uno de los epicentros de la violencia y el conflicto armado, donde se advierte un alto riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento de la comunidad, exacerbado por enfrentamientos entre facciones armadas.
Durante su misión, los enviados de la Defensoría recorrieron las comunidades de Cocal Jiménez, Jicrillal, y Alto Guandipa, pertenecientes al Consejo Comunitario Odemap Mosquera Sur. Esta visita fue respuesta al llamado urgente hecho por la parroquia local.
En la inspección descubrieron, por ejemplo, que la comunidad en Cocal Jiménez enfrenta un inminente riesgo de desplazamiento debido a enfrentamientos armados ocurridos el pasado 2 de abril. Por otro lado, Jicrillal se encuentra prácticamente abandonado después de que las últimas familias fueran forzadas a desplazarse hace 3 años, también a causa de la violencia. Varios de estos residentes ahora expresan su anhelo por regresar a sus hogares.
El terror no solo se limita a los enfrentamientos. En Alto Guandipa, la Defensoría del Pueblo encontró un clima de miedo palpable, siendo los niños de una escuela local los únicos que se atrevieron a recibir a la comisión, ya que los adultos temían posibles represalias.
“La Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana busca realizar una misión humanitaria, en conjunto con agencias de cooperación internacional. Además, se revisará el plan de retorno de las comunidades de Jicrillal”, indica el reporte de la Defensoría.
Con 22 alertas tempranas emitidas hasta la fecha por riesgos inminentes no solo en Nariño, sino también en el departamento de Cauca, la seguridad en la región se encuentra en un punto crítico. Los grupos disidentes, algunos liderados por Iván Mordisco y otros por Iván Márquez, continúan su expansión territorial, sumiendo a la población en una profunda zozobra.
Estas escaladas de violencia, tienen en vilo a la población desde hace tiempo. En 2023, los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca presentaron los índices más altos en términos de desplazamiento forzado, homicidios de líderes sociales y excombatientes, masacres, afectaciones por minas antipersonales y casos de reclutamiento forzoso, según datos recopilados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El informe reveló que, entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023, se registró el asesinato de 188 líderes sociales, una cifra que sobrepasa los registros del año anterior y pone en evidencia una creciente vulnerabilidad de estos actores en el contexto social y político colombiano.
El estudio destacó que el 55% de estos incidentes violentos ocurrieron precisamente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Adicionalmente, el informe señaló como principales víctimas a los líderes de Juntas de Acción Comunal, representantes de comunidades indígenas y miembros de organizaciones políticas, quienes han sido especialmente afectados en el marco de esta ola de violencia.