La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sanitaria por vertimiento de aguas residuales que están afectando varias viviendas en las islas de Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con la entidad, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger los derechos colectivos, incluidos el del acceso a un ambiente sano y el de la salud pública, llevó a cabo un seguimiento minucioso al proceso de reconstrucción en las islas, tras el paso del huracán lota, que tuvo lugar en noviembre del 2020.
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Como resultado de dicho seguimiento, funcionarios de la entidad evidenciaron una “persistencia de problemas asociados a los vertimientos de aguas residuales domésticas”, según confirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La compleja situación fue corroborada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), cuyos informes técnicos han señalado deficiencias en los sistemas de vertimientos.
En el más reciente seguimiento de Coralina, la corporación inspeccionó unas 235 viviendas reconstruidas, mayoritariamente de los tipos T2 y T4, y encontró que 58 de ellas están en una situación crítica en lo que atañe al tratamiento de aguas residuales.
Frente a este panorama, la Defensoría advirtió que existe un incumplimiento de las autoridades nacionales y regionales en su deber de protección de los derechos e intereses públicos en materia medioambiental:
“Desde nuestra labor de seguimiento alertamos posibles incumplimientos de las responsabilidades gubernamentales y las órdenes judiciales, especialmente la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual les ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al Ministerio de Vivienda y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina solucionar de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente”, aseguró el defensor del Pueblo.
Los hallazgos destacan la necesidad de una intervención inmediata, con la finalidad de prevenir la evidente vulneración de derechos colectivos: “Instamos a las entidades nacionales y locales a implementar las medidas necesarias, y con prontitud, para que sea garantizado el correcto funcionamiento del sistema de vertidos, en aras de proteger tanto la salud pública en las islas como el medioambiente”, es el llamado de Carlos Camargo Assis.
Y es que, la acumulación de aguas residuales en las proximidades de las viviendas puede generar condiciones insalubres, dado que contienen una variedad de elementos contaminantes, lo cual aumenta el riesgo de problemas de salud y agrava las deficiencias en saneamiento básico, contribuyendo a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.
“Instamos a que se evalúen las alternativas para las viviendas que carecen actualmente de un sistema de tratamiento de agua residual, así como a impulsar proyectos destinados a obtener los recursos necesarios para su implementación”, concluyó el defensor del Pueblo.
El huracán Iota, clasificado como categoría 5, fue uno de los eventos climáticos más poderosos registrados en Centroamérica. Impactó severamente a Colombia, afectando principalmente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La infraestructura de Providencia fue la más afectada, con el 98% de sus edificaciones dañadas o destruidas, lo que condujo a una crisis humanitaria en la isla, que llevó al Gobierno a declarar estado de desastre y movilizar recursos para las labores de rescate y reconstrucción.
Además de los daños materiales, se reportaron víctimas mortales y numerosos desplazados. Lota dejó a su paso una situación crítica que requirió atención inmediata y esfuerzos de recuperación a largo plazo.
En marzo de 2024, la Defensoría también alertó por daño ambiental en las islas de Providencia y Santa Catalina, debido a los escombros que dejó el huracán Iota en su paso por el país en 2020, los cuales se han ido acumulando durante el proceso de reconstrucción.
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