Trabajadores de la Dian revelaron que más de 120 empleados serían despedidos

Consternados están los trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en especial los pertenecientes al Sindicato de Empleados de la entidad (Sedian) tras la denuncia de que la entidad se prepara para desvincular a 127 funcionarios, todos ellos ocupando el rol de Facilitadores III.

La medida, según se argumenta, obedecería al cumplimiento de un fallo de tutela, una interpretación que el sindicato cuestiona y describe como una excusa injustificada para tales despidos. Esta decisión no solo socavaría la estabilidad laboral de los afectados, sino que también afectaría el funcionamiento interno de la DIAN, según afirman representantes sindicales.

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Información publicada por RCN Radio incluyó la posición de la vicepresidenta del sindicato, Silvia Pineda, quien expresó su preocupación al señalar que, “La Dian está tomando otras acciones que atentan contra la actividad laboral de los trabajadores”. Se refirió a las implicaciones del fallo de tutela que, en su interpretación, ha sido tergiversado.

Según Pineda, el fallo no exhorta a la desvinculación de los trabajadores sino a la asignación en cargos ampliados, algo que la Dian parece ignorar deliberadamente, en la posición de esta asociación. Además, enfatiza que hay una contradicción con el decreto de carrera, que protege los puestos de trabajo en provisionalidad.

En el corazón de este conflicto se encuentra una ampliación de planta aprobada a la Dian, que incluye más de 10.000 puestos de trabajo, un incremento significativo que debería representar una oportunidad de estabilidad y crecimiento para los empleados actuales.

“El juez de tutela le dice nombre en estos cargos que se le ordenó ampliar y que además el Ministerio de Hacienda indicó que había presupuesto”, aclaró Pineda, en contraposición a la justificación de la entidad para proceder con los despidos.

La reacción de Wilmar Vargas, presidente de la subdirectiva del sindicato para Bogotá, también fue de dilucidar la gravedad de la medida. Señaló cómo esta desvinculación masiva amenazaría la integridad y el compromiso institucional. “Hoy la administración cambia las políticas y no tiene voluntad para cumplir lo que se hizo inicialmente con los acuerdos de la convocatoria”, manifestó Vargas.

La controversia reside no solo en los términos del fallo de tutela sino también en la aparente voluntad de la administración de ignorar propuestas sindicales destinadas a resolver la problemática laboral de manera más equitativa y constructiva. Los sindicatos argumentan que sus iniciativas, que buscan proteger los empleos y mejorar las condiciones laborales dentro de la entidad, han sido sistemáticamente desatendidas.

Este episodio resalta una vez más el papel crucial de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales, especialmente en situaciones donde se percibe una vulneración de los acuerdos previamente establecidos. La lucha del sindicato contra lo que considera acciones injustificadas.

En enero de 2024 se conoció que estaba programada una reunión entre Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y los representantes de los 19 sindicatos de la entidad, tras desacuerdos sobre la cantidad de participantes permitidos en el diálogo. La discordia surgió a raíz de una nueva normativa sobre permisos sindicales, dictaminada a finales del año anterior, limitando el número de permisos y comisiones que pueden ser solicitadas por cada organización sindical.

Al parecer, los sindicalistas no están muy de acuerdo con Reyes, en especial, por su iniciativa de la regulación de los permisos sindicales, que acordaba la presencia de un único representante por sindicato, política establecida por Reyes en pro de un diálogo más eficaz y ordenado.

Sin embargo, los sindicatos demandaban un ingreso ampliado que permitiera la participación de cerca de 60 personas. Frente a la negativa de los sindicatos de acatar la norma de un solo representante, la reunión fue cancelada, informándose que Reyes estuvo una hora esperando en vano la comparecencia de los sindicalistas.

Las tensiones subyacentes giran en torno a la percepción de los sindicatos que acusan a la Dian de querer menoscabar las garantías sindicales al regularizar los permisos a través de la resolución emitida en diciembre.

Según voceros de los sindicatos, estas medidas incluyen recortes a incentivos, primas y otros derechos laborales esenciales para los funcionarios pertenecientes a estas organizaciones. Un caso destacado es la negociación fallida de un decreto que buscaba convertir las primas en asignación básica salarial, proyecto que, a pesar de ser aprobado inicialmente, fue devuelto por el Ministerio de Hacienda el 26 de diciembre, incumpliendo las promesas previas de la entidad.

Adicionalmente, datos proporcionados por la DIAN revelan la concesión de 23.857 días de permiso sindical a 2.988 funcionarios, así como 40.464 días destinados a comisiones sindicales, una figura exclusiva de esta entidad, que beneficia a 152 funcionarios permitiéndoles la ausencia permanente de su lugar de trabajo sin efecto sobre su remuneración.