El 25 de febrero, en el municipio de Almaguer, departamento del Cauca, se desató una pelea en la que seis uniformados de la Policía se involucraron para intentar el cese del enfrentamiento. Entre los integrantes, se encontraba un menor de 17 años que, como dijeron las autoridades en su momento, “al parecer, reaccionó con un arma cortopunzante, lesionando a uno de los policías”.
Como defensa, uno de los policías, con su arma, le propinó un impacto que le provocó la muerte al joven, de acuerdo con la denuncia de la comunidad.
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Con ese contexto, se conoció que una Jueza Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado sentenció a losseis miembros de la Policía Nacional a penas de prisión de entre 10 y 16 meses. Según la decisión judicial, estos oficiales fueron hallados responsables de involucrarse en una disputa que resultó en la trágica muerte del joven, en línea con lo publicado por Semana.
Según el informe oficial, estos agentes desoyeron explicitamente las órdenes de sus superiores, y se alejaron de sus deberes al abandonar su puesto en una Estación de Policía. La indagación expuso que lo hicieron por, presumiblemente- dirigirse a un establecimiento público a ingerir bebidas alcohólicas, situación en la que se desencadenó el fatal encontronazo.
Los cargos imputados a los uniformados
La gravedad de estos hechos llevó a la Fiscalía Militar y Policial a asignar a un fiscal especializado y a un equipo de expertos de la Policía Judicial para llevar a cabo la investigación. Durante el proceso, se recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron la imputación de delitos tales como peculado por uso, abandono de puesto y desobediencia.
Este expediente y las evidencias recabadas fueron posteriormente enviados a la justicia ordinaria para esclarecer con mayor detalle la muerte del menor y determinar las responsabilidades penales correspondientes, ya que al violarse el nexo funcional con el servicio, la competencia de la Fiscalía se ve limitada.
Según el documento que conoció el medio nacional, la institución investigativa ha asegurado que “continúa trabajando con autonomía, efectividad y transparencia para fortalecer la administración de justicia”, especialmente cuando se trata de miembros de la Fuerza Pública que se apartan de sus funciones constitucionales.
Otros casos similares
El presente caso no es uno aislado, ya que se suma otras capturas como la de cuatro policías en el Valle del Cauca por delitos contra la administración pública y el servicio. Otro, en Jamundí, - la captura sucedió el 26 de abril- en el que otros cuatro policías resultaron implicados en la muerte de un retenido en la Estación de Policía, el cual, tras un intento de fuga de una estación de Policía, fue recapturado y presuntamente sometido a una “golpiza” por parte de oficiales, lo que habría resultado en su deceso.
Este último epidosodio mereció especial atención, luego de que la investigación sobre la muerte del ciudadano Cristian Camilo Herrera Zúñiga fue asignada a un fiscal especializado de la Dijín en Jamundí, con el objetivo de dilucidar las circunstancias que rodearon el fallecimiento.
Al parecer, la fuga del detenido y la subsecuente recaptura, seguida de la agresión por parte de los funcionarios policiales, habrían sido los factores que condujeron efectivamente a su deceso, con escabrosos procedimientos como el de esposar al joven y colgarlo con las esposas desde los barrotes de las celdas.
Además, según el fiscal de la Justicia Penal Militar, el joven de 20 años fue sometido a distintos tipos de tortira frente a sus compañeros de celda. También le habrían puesto una bolsa en la cabeza para golpearlo, antes de que lo mojaran y lo electrocutaran con un táser, en más de 16 oportunidades. También lo habrían arrastrado por varios metros. “No entiendo”, dijo el fiscal.