Fiduprevisora estaría a cargo de la salud de las personas privadas de la libertad

La Fiduprevisora asumirá la responsabilidad de brindar atención médica a las personas privadas de la libertad a partir del 1 de mayo, según información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Este cambio implica que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ya no gestionará el presupuesto destinado a la salud de esta población.

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En lugar de ello, la Fiduprevisora recibirá transferencias mensuales de $406.000 millones de pesos hasta junio de 2025 para este fin. “El presupuesto abarcará las vigencias 2024-2025″, según reveló una fuente consultada por La W.

La función de la Fiduprevisora será operar los servicios de salud dentro de las cárceles, utilizando una red de clínicas y hospitales a nivel nacional.

Además, se encargará de supervisar los servicios conexos, así como de gestionar temas relacionados con la ADRES y otros aspectos relacionados con la salud penitenciaria.

En una entrevista concedida a El Tiempo, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez, expuso las complejas condiciones de la vida para las personas privadas de la libertad en Colombia, en especial, desde que se ha conocido el ascendente índice de hacinamiento en los centros de reclusión del país.

En el diálogo, también destacó problemáticas relacionadas con corrupción, las falencias en la alimentación que estarían afectando a miles de presos, y enfatizó en el hecho de que el presidente Gustavo Petro no ha firmado la oficialización de su cargo, según lo que publicó el portal de noticias.

De los principales obstáculos que están encarando los centros privativos de libertad en Colombia, uno de los más sonados ha sido el amontonamiento de encarcelados en los recintos penitenciarios. Daniel Gutiérrez, indicó que para el cierre del 2023 se había registrado un aumento en el hacinamiento carcelario que alcanzó un índice del 24,5%.

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De hecho, según cifras manejadas por el mencionado medio, hay aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad de manera intramural, lo cual, en término de Gutiérrez, es un reflejo de lo que también se ve en estaciones y Unidades de Reacción Inmediata (URIs) a nivel nacional, espacios en los que el hacinamiento respecto a sindicados ha rondado cerca el 130%.

“Hicimos unas cuentas de las cifras, de las capturas que hace la Policía, y más o menos el aproximado es que al sistema entran alrededor del año 3.600 privados de la libertad”.

El hecho se suma a una serie de denuncias sobre presunta corrupción el el proceso de contratación alimentaria en las cárceles de Colombia - crédito imagen de referencia Colprensa

Pero, más allá del aparente apilamiento de presos, Gutiérrez, abordó temas como la corrupción dentro de la misma entidad, y, de la misma manera, la escasez de personal que ha desencadenado más flagelos, y que requiere de miles de funcionarios nuevos.

No obstante, las cifras mencionadas por el coronel Gutiérrez representan solo una fracción de los desafíos actuales que enfrenta el Inpec. De acuerdo con el director, una de las problemáticas destacadas es la también dispendiosa gestión en áreas esenciales como alimentación, salud e infraestructura, situaciones que se han agravado en el cierre de 2023 debido a la transición contractual que administra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en el cambio de consorcios.

“Desafortunadamente, (...) entendiendo que la Uspec es la que maneja esos tres ámbitos, y más en términos de alimentación, si a los internos no les llega comida, se van a enfermar. Tenemos entendido que para finalizar 2023 la Uspec cambió la contratación de los consorcios, entonces está en la transición de los nuevos con los viejos, y eso ha hecho que haya una crisis más amplia. Esperamos que la Uspec pueda solucionar de manera rápida”, indicó Gutiérrez al medio.