Ana María Valle, exsecretaria de las mujeres en la administración de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero, admitió públicamente haber contribuido financieramente a la fundación El futuro se parece a nosotros, vinculada al proyecto político del exalcalde, lo que desató en una ola de opiniones contra el político.
En declaraciones a RCN Noticias, la mujer reveló que inicialmente contribuyó con 200.000 pesos de su sueldo de manera voluntaria, equivalente a un tipo de membresía mensual. Sin embargo, posteriormente aumentó su contribución luego de comprender que se esperaba que donara tres días de su salario, aproximadamente 1.800.000 pesos, como se había establecido para los profesionales, mientras que los técnicos y tecnólogos debían aportar dos días de sueldo, y los bachilleres uno.
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Valle afirmó que durante su tiempo en la administración municipal, era común que los funcionarios directivos recibieran solicitudes de donaciones para diversos fines, incluida la mencionada fundación. Explicó que la frase “El futuro se parece a nosotros” era un lema frecuentemente utilizado en el contexto del movimiento político al que ella pertenecía, Independientes, y que eso influyó en su decisión de contribuir.
“Yo había dado la donación, por lo que decía la carta, que decía que era una fundación que aportaba a procesos de transformación social, desde programas y proyectos. Yo di el aporte porque creí que era una iniciativa de los pelados y las peladas de Independientes”, explicó la exsecretaria al medio en mención.
No le dieron respuesta sobre el destino de los aportes
En cuanto a la falta de claridad sobre el uso de los fondos donados, Valle señaló que, al hacer su contribución, no recibió información sobre posibles destinos alternativos para el dinero. “Al momento de recibir la carta es que muchos voluntariamente hicimos la donación sin saber si eventualmente esos recursos iban a ser destinados a fines distintos a los que se estipulaba en la carta, pero cuando yo realicé la donación y escribí al número de Whatsapp que decía la carta, a mí nadie me respondió nada”, aseguró.
La exsecretaria también mencionó que realizó la contribución debido a que era común en el movimiento Independientes solicitar dinero para diversos fines, como la compra de regalos para diciembre, útiles para enero o para financiar actividades comunitarias, como un sancocho organizado por un líder en una comuna.
En este sentido, enfatizó que nunca se le informó que los fondos serían destinados a respaldar la posible campaña presidencial de Quintero, y que de haberlo sabido, nunca habría entregado su contribución para respaldar al exalcalde en ninguna aspiración política futura.
Asimismo, resaltó que los donantes tienen derecho a conocer el destino final de sus aportes y que, si se sintieron engañados al momento de realizar la donación, cada individuo deberá decidir cómo proceder legalmente en consecuencia.
Daniel Quintero bajo el ojo público por las contribuciones de sus funcionarios
La revelación de Valle se suma a las acusaciones previas sobre presiones ejercidas sobre funcionarios y contratistas para recaudar fondos destinados al proyecto político de Quintero.
La Fiscalía General de la Nación tiene una investigación en curso sobre este asunto, con evidencia de que la fundación recibió aportes por más de $20 millones solo entre agosto y noviembre de 2021, provenientes de diversos funcionarios municipales, entre ellos la exsecretaria de Salud Jennifer Andree Uribe y Sergio López, exdirector de la Oficina de Planeación de Medellín y exgerente del Metro de la 80.
El presunto coordinador de esta campaña de recaudación, Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación Ciudadana, respondió por medio de sus abogados, con el argumento de que todas las donaciones se realizaron dentro de la legalidad y que se contaba con registros bancarios para transparentar el flujo de dinero.
Sin embargo, Ramírez enfrentó también investigaciones relacionadas con posibles direccionamientos indebidos de recursos hacia corporaciones durante su gestión en la secretaría, lo que incluiría presuntas solicitudes de sobornos para la adjudicación de contratos.
A pesar de las controversias en torno a su gestión, Ramírez fue recientemente nombrado subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Udpp), una designación realizada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto provocó críticas y cuestionamientos sobre la idoneidad del nombramiento, dadas las investigaciones en curso y las dudas sobre la integridad de la gestión del funcionario en la administración municipal de Medellín.
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