Enfrentamientos en Cauca: 30 familias desplazadas por choques entre Ejército y Farc

En recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc, específicamente con la columna Dagoberto Ramos, en Caloto, Cauca, se ha reportado el desplazamiento de más de 30 familias.

Los choques armados, concentrados en las veredas Los Chorros, Venadillo y La Chivera, han generado una situación de riesgo elevado para la integridad de las comunidades indígenas y campesinas de la región.

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La situación en el norte del Cauca se ha tornado extremadamente compleja debido a la proximidad de los combates a zonas pobladas, aumentando drásticamente el peligro para los habitantes de estas áreas. El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento urgente solicitando el cese inmediato de los enfrentamientos, destacando el alto riesgo que dichas acciones representan para las familias indígenas y campesinas. Además, diversas voces dentro de la comunidad han expresado su preocupación y han denunciado el mantenimiento de un estado de alerta, a pesar de una aparente reducción en la intensidad de las confrontaciones armadas.

Desde el lado de las autoridades y organizaciones involucradas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través de su consejero mayor, Jhoe Sauca, ha destacado la gravedad de la situación y ha instado a las instituciones del ministerio público a brindar apoyo y acompañamiento urgente a las familias afectadas, “es muy preocupante la situación que se presenta por las confrontaciones cerca de la población civil, por lo que hacemos el llamado de manera urgente a las instituciones del ministerio público para que se pueda atender y acompañar a las familias”, sostuvo en conversaciones con Caracol Radio.

Mauricio Capaz, un líder comunitario, subrayó que, aunque la intensidad de los combates ha disminuido, la preocupación y vigilancia en los territorios se mantiene. Por su parte, las Fuerzas Militares han informado que hasta el momento no se ha reportado personas heridas o víctimas mortales como resultado directo de estos enfrentamientos.

Este episodio de violencia subraya las tensiones continuas en regiones de Colombia, donde el conflicto armado sigue afectando directamente a las comunidades más vulnerables, pese a esfuerzos por mantener la paz y seguridad. La demanda de las comunidades afectadas y de organizaciones de derechos humanos es un llamado a la acción inmediata para proteger a los civiles en estas zonas de conflicto.

Las Fuerzas Armadas de Colombia y disidencias de las FARC continúan su confrontación armada en la región montañosa del municipio de Caloto, Cauca. Este conflicto reciente, agravado el martes, ha resultado en el desplazamiento forzado de varias familias, según reportes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin). Este organismo también ha hecho un llamado urgente por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por los enfrentamientos.

Los combates agudizados desde el 30 de abril entre el Frente Dagoberto Ramos y el Ejército Nacional han colocado a la población civil en una situación de riesgo inminente. La Acin especificó que el intercambio de fuego ha ocurrido cerca de asentamientos civiles, incrementando el peligro para la vida de estos habitantes. Este conflicto es únicamente el episodio más reciente en una serie de actos violentos que azotan la región, incluidos secuestros de funcionarios del CTI el pasado 19 de abril.

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, junto a altos mandos militares, anunciaron recientemente una operación en el Cañón del Micay que culminó en bajas para los grupos guerrilleros; sin embargo, estas cifras han sido fuertemente disputadas por el Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Según ellos, el número de bajas reportadas por el gobierno ha sido significativamente exagerado y acusan al Ejército de afectar infraestructura civil. En respuesta, el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, sostiene que las operaciones militares están respaldadas por inteligencia sólida y niega las acusaciones de inflar cifras de bajas.

En medio de esta controvertida situación, tanto las comunidades afectadas como distintas organizaciones insisten en la necesidad de una solución pacífica que respete los derechos humanos y proteja a los civiles de los horrores del conflicto armado. Las llamadas al respeto por el Derecho Internacional Humanitario resuenan en un contexto donde la urgencia por alcanzar una paz duradera en la región nunca ha sido más clara.