Denuncian presencia del Clan del Golfo en el páramo de Santurbán para hacer minería ilegal

Una grave denuncia hizo el gobernador de Santander, el general en uso del buen retiro Juvenal Díaz, acerca de la injerencia que tendrían algunos miembros del Clan del Golfo, también autodenominados como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el páramo de Santurbán.

“El Clan del Golfo está llegando. Están arribando ilegales, me lo dicen a mí en privado. Están haciendo explotación y contaminando el agua”, advirtió en una entrevista que concedió en el informativo de televisión Noticias Caracol.

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En su denuncia, el mandatario departamental instó a los habitantes de la zona a denunciar ante las autoridades la llegada de personas sospechosas, para prevenir las consecuencias de que ese grupo descendiente de las extintas AUC provoque daños ambientales irreversibles a esa fábrica de agua en el oriente de Colombia.

“Le hemos pedido al Ejército Nacional que haga presencia. Ellos lo están haciendo, nos toca concientizar mucho a la gente para que denuncie porque esos grupos van llegando, se van apoderando de las minas y luego lo que generan son muertes y desplazamientos y no queremos eso”, agregó.

En su diálogo con el medio de comunicación, el alto oficial (r) aseguró que la protección del páramo, donde está prohibida cualquier actividad de minería, era una promesa de campaña que estaba cumpliendo.

“Como gobernador, he dicho que voy a ser el primer defensor del agua y de los páramos en el departamento (...) No puede haber minería. Yo tengo un principio con el movimiento con el que gané las elecciones que dice: ‘prioridad del medio ambiente en armonía con el bienestar del ser humano’”, afirmó.

Finalmente relató cómo tuvo que hacer frente a las conflagraciones que hubo en esa zona de reserva ambiental a inicios de este año, donde la propia naturaleza ha tenido una gran resiliencia.

“Los frailejones están hermosos, reverdecidos, se han colocado vallas para que la gente no los pise, para protegerlos y tenemos que concientizar a las personas que van allá para que no dejen, por ejemplo, latas o vidrios que puedan generar incendios en el páramo”, detalló.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo manifestaron su inquietud ante el Tribunal Administrativo de Santander respecto a un posible incumplimiento por parte de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la implementación de una sentencia del Tribunal Constitucional.

La mencionada sentencia, la T-361 de 2017, exige la delimitación del páramo de Santurbán, labor que aún no se ha realizado conforme al cronograma previsto.

Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, se observó una ausencia de progresos o actuaciones por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) orientadas a la delimitación de este vital ecosistema.

Tal inactividad ha suscitado preocupaciones, sobre todo al notar la falta de explicaciones ante los requerimientos de la autoridad de control acerca de las razones para la pausa del proceso de delimitación y la no adherencia al cronograma estipulado.

Además, se ha indicado la falta de actualizaciones y la ausencia de información clara para los involucrados en el proceso de delimitación a través del Micrositio Santurbán Avanza en el sitio web del Mads, pensado para la comunicación de informaciones importantes y progresos del proyecto.

Estas acciones y omisiones han causado un retraso notable en el calendario de ejecución fijado para la delimitación del Páramo de Santurbán. La carencia de claridad y la desactualización de los datos han provocado conflictos sociales e incrementado las preocupaciones sobre el eficaz cumplimiento de las normativas legales y los acuerdos pactados con las comunidades impactadas por esta delimitación.

La sentencia T-361 de 2017 fue emitida por la Corte Constitucional de Colombia, relevante en el contexto de la legislación ambiental y el ordenamiento territorial, enfocándose en proteger los páramos.

Este fallo responde a una demanda de amparo que pretendía salvaguardar los derechos colectivos a un ambiente sano, la vida y el agua, percibidos en riesgo por la ausencia de una delimitación precisa del páramo que asegurara su conservación frente a la minería y otros proyectos de desarrollo económico potencialmente dañinos.