Comunidades del Cesar exigen voz en cierre de minas: piden a la Corte Constitucional participar en planes ambientales

La Corte Constitucional, específicamente la Sala de Selección de Tutelas Cuatro, programó un encuentro crucial en su agenda: decidir sobre las acciones de tutela que, tras ser evaluadas en segunda instancia, requieren una última revisión.

Entre estas, resalta una acción de tutela presentada por 14 organizaciones del Departamento del Cesar, que incluye sindicatos, asociaciones campesinas y juntas de acción comunal. Estas organizaciones exigen su derecho a intervenir en el proceso de cierre ambiental y minero que debe llevar a cabo la empresa Prodeco.

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El caso se remonta al año 2021, cuando el Gobierno colombiano aceptó la renuncia anticipada de la multinacional a los títulos mineros de las minas La Jagua y Calenturitas en el Cesar. Este acontecimiento representa el primer cierre de minas de carbón en el país, y hasta la fecha, no se han detallado las compensaciones ambientales y sociales que Prodeco deberá ejecutar como parte de la conclusión de sus operaciones en la región.

Las comunidades afectadas, que en conjunto presentaron la solicitud de revisión de la tutela a la Corte, ya habían recibido una decisión judicial favorable que ordenaba establecer un mecanismo de participación efectiva para ellas en el proceso de cierre minero. Sin embargo, según manifestaron en un comunicado, solo se llevó a cabo una reunión para socializar una propuesta de plan de cierre ambiental con la empresa Glencore (propietaria de Prodeco), los tres municipios afectados y el Gobierno, lo cual consideran insuficiente dado que el cierre ambiental requiere de discusiones y definiciones que superarían los seis años.

Dada esta situación, las comunidades demandan la creación de una mesa de trabajo que incluya a entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, y la empresa Prodeco, así como la participación de las comunidades y la supervisión de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

El comunicado de las comunidades, también, busca resaltar la importancia del caso, al ser “la primera vez que Colombia se enfrenta al cierre de dos minas de carbón a cielo abierto luego de 25 años de explotación”, y su potencial para sentar “un precedente en materia de derechos de participación ciudadana en los planes de cierre ambiental de futuros proyectos mineros en el país”.

El caso adquiere mayor relevancia en el contexto actual, dado que esta región fue designada por el Gobierno como el primer piloto para la transición energética. La dependencia de sus municipios de la explotación carbonífera contrasta con la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la no extensión de licencias para la explotación de carbón a cielo abierto, y la ausencia de legislación específica que regule los compromisos de las empresas tras el cierre de sus operaciones mineras.

En este sentido, el borrador de Ley Minera en consulta propone que las compañías mineras deben incluir en sus solicitudes de nuevos títulos mineros una propuesta detallada sobre el procedimiento de cierre y entrega de las minas.

La decisión de la Corte Constitucional sobre este caso no solo determinará el futuro inmediato del cierre de las minas La Jagua y Calenturitas, sino que también podría marcar un hito en la regulación de los derechos de las comunidades a participar en los procesos mineros que afectan su entorno y calidad de vida.

Paralelo a esto, la Gobernación del Departamento del César, realizó una mesa de articulación para la transición energética del ‘corredor de la vida’. En esta se presentaron acciones estratégicas conjuntas por parte del gobierno nacional, en el marco de la figura de Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva.