Senadores que archivaron reforma a la salud dieron a conocer las diez condiciones para aprobar el nuevo documento

El 29 de abril de 2024, nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado que votaron a favor de archivar la reforma a la salud compartieron un comunicado de prensa en el que dieron a conocer sus impresiones sobre el nuevo articulado que prepara el Gobierno nacional; como también, las condiciones que este debe cumplir para no volver a ser archivado sin llegar a su discusión en el Senado de la República.

De acuerdo con el documento firmado por los senadores Lorena Ríos Cuéllar, Norma Hurtado Sánchez, Berenice Bedoya Pérez, Nadia Blel Scaff, Josue Alirio Barrera, Honorio Henríquez Pinedo, Miguel Ángel Pinto y Jose Alfredo Marín, la nueva reforma mantienen los errores que llevaron a que el primer articulado fuera archivado.

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Los senadores compartieron su preocupación por el acuerdo al que llegaron algunas EPS y el Gobierno nacional, pues consideran un error el hecho de que se radique un texto que no ha sido examinado ni concertado con otros actores del sistema de salud, incluso, aseguraron que desconoce la voz de pacientes, usuarios, talento humano y academia.

“La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos”, se lee en el comunicado.

Por tal motivo, los congresistas dieron a conocer los 10 aspectos relevantes en los que se “recogen las inquietudes, preocupaciones y propuestas de los actores” y que se deben tener en cuenta en el nuevo documento presentado por el Gobierno nacional.

En este punto, se le solicita al Gobierno nacional fortalecer las condiciones laborales para el Talento Humano en Salud (THS), por lo que se deben garantizar pagos justos y oportunos; como también, condiciones dignas con incentivos para la prestación del servicio en zonas apartadas del país y prohibir la tercerización de contratación de los trabajadores del sector.

Se debe propiciar la atención diferencial en zonas rurales y marginadas del país y así extender los servicios del sistema de salud a las personas que no gozan del acceso a dicho derecho fundamental.

Aquí se le pide al Gobierno nacional gestionar la entrega ágil de medicamentos y acelerar los procesos de evaluación de tecnologías en salud con el fin de lograr inclusiones en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Se deben ejecutar acciones “claras y programadas” para prevenir enfermedades en el país y promocionar la salud, teniendo en cuenta la caracterización de la población por regiones, conformando las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (Riiss).

Conformar una instancia decisoria que sea la encargada de analizar, deliberar y efectuar la implementación de temas centrales en salud, que cuente con una secretaría técnica independiente.

Se debe garantizar el aseguramiento del riesgo financiero, por lo que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) deberá ejecutar el mecanismo del giro directo a través de la Plataforma Única de Pagos que permita la consulta y seguimiento de los recursos del sistema.

Piden que la UPC sea calculada por una instancia independiente que sea conformada por expertos académicos y que no tenga distinción entre los regímenes contributivo y subsidiado “ajustando el cálculo por componentes de riesgo en salud de afiliados”.

Es necesario garantizar el saneamiento de los pasivos del sector salud a través de plazos concretos para el pago de acreedores en el “régimen de insolvencia empresarial de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Entidades Promotoras de Salud y la creación de un fondo que garantice el pago a acreedores ante eventuales liquidaciones.

Crear un portal público de transparencia en el que se hagan públicos los contratos de prestación de servicios de salud, la facturación, estados de auditoría y pagos.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determine un aval fiscal detallado y ajustado a las necesidades reales del financiamiento del Sistema de Salud.

Por último, en el comunicado, los senadores aseguraron que la idea es que se llegue a un acuerdo de las mejores propuestas con todos los actores del sistema que permita “una reforma eficiente, equitativa y sostenible”.