La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que dentro de sus funciones se encarga de temas relacionados con la Defensa Nacional y fuerza pública, así como del servicio militar, citó a debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, a razón de las recurrentes muertes de soldados en siniestros aéreos.
“Queremos plantear si es una simple coincidencia o una falta de mantenimiento de los helicópteros, de los helicópteros rusos MI-17, queridos compañeros: las cifras van siendo supremamente preocupantes. Veintiún personas fallecidas en el último año, cinco helicópteros. En esos cinco helicópteros se murieron en las veintiún personas; pero adicionalmente hay once helicópteros de los veintiún que se tenían en tierra, entonces es importante”, como afirmó la representante del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño.
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Lo que se busca con esta medida es que el jefe de la cartera de Defensa, a quien concierne toda la situación del Estado de las aeronaves, ofrezca respuestas sobre las posibles fallas, relacionadas con la falta de mantenimiento de los vehículos aéreos.
“Nosotros radicamos una proposición de debate de control político, el doctor Luis Miguel y mi persona, para enviar las preguntas al Ministerio de Defensa, porque hoy no se conocen las razones y las causas de esos siniestros y es importante conocer qué es lo que está pasando; por qué no se arreglan esos helicópteros. La Contraloría General de la República ya hizo el requerimiento también al Ministerio de Defensa y quiero poner en consideración esta preocupación”, añadió la funcionaria Londoño.
La Contraloría ya había advertido fallas
Por su parte, como informó el medio radial La FM, el ente de control ya había advertido, hace aproximadamente un mes, la crítica situación de los helicópteros militares operados por las Fuerzas Armadas de Colombia, particularmente en lo que respecta a su mantenimiento.
Esta prevención se hizo aún más resonante tras el desafortunado accidente ocurrido el domingo 28 de abril, en el que un helicóptero se estrelló y resultó en la muerte de nueve militares. Este hecho ha llevado a que el caso sea escalado a la Procuraduría General para una investigación exhaustiva que determine si hubo omisión disciplinaria por no haber atendido las recomendaciones previamente señaladas.
Como reportó el medio nacional, la Contraloría, semanas atrás, ya había señalado que los helicópteros de fabricación rusa presentaban un estado que dejaba mucho que desear en materias de mantenimiento. Uno de los factores que complican las operaciones de mantenimiento de estos aparatos es el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual restringe significativamente las posibilidades de mantenimiento adecuado. La gravedad de la situación se intensifica al saber que 19 helicópteros se encuentran en esta precaria situación.
También se conoció que la empresa internacional con la que Colombia tenía un convenio para el mantenimiento de estos helicópteros fue vetada por los Estados Unidos.
En abril 11, la Procuraduría pidió investigar al Ministerio
El paso del caso a la Procuraduría busca dilucidar si la presunta falta de acción, en términos de mantenimiento a pesar de las advertencias de la Contraloría, constituye una falta disciplinaria por omisión. Ya a principios de abril, el organismo de control afirmó que emprendería indagaciones.
“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria general del Ministerio de Defensa Nacional, Ana María Garzón Botero, por posibles irregularidades en el convenio suscrito con una compañía rusa para el mantenimiento de helicópteros del Ejército”, estipuló la entidad.
La acción del ente de control indica que las falencias partirían desde un contrato de 2022, a través del cual se comenzaron a traer estos helicópteros: “los hechos materia de investigación están relacionados con el contrato celebrado el 28 de enero de 2022, con la Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.) para la “recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero MI-17-1V (MD) EJC-3385 S/N 170M11″, por valor de USD $ 7.747.710″.
“El 5 de mayo de 2022 las partes convinieron suspender la ejecución del contrato por dos meses calendario, por los conflictos entre Rusia y Ucrania que generaron incertidumbre y dificultades en el normal desarrollo de este (...) Dos meses después, se acordó el reinicio de la ejecución contractual y posteriormente, el 27 de enero de 2023, las partes suscribieron un suplemento al contrato que modificó, entre otros aspectos, la forma y condiciones de pago y el plazo de ejecución”.