Estado colombiano señaló que tiene todas las “armas” para enfrentar la demanda de Thomas Greg & Sons

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reafirmó su compromiso de defender los intereses del Estado colombiano ante la millonaria demanda interpuesta por la firma Thomas Greg & Sons, por el tema de la licitación y provisión del servicio de pasaportes en Colombia. Con una batalla legal que se intensificó, la agencia declaró que empleó todas las estrategias y recursos disponibles para asegurar que los derechos y recursos del país sean protegidos de manera efectiva.

John Camargo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, enfatizó en la determinación de su equipo para enfrentar esta demanda con todas las herramientas jurídicas a su disposición. “En este momento nos encontramos en un escenario jurídico completamente diferente, en este sentido nos estamos defendiendo con todas las armas. El trabajo conjunto que estamos haciendo entre la Agencia y la Cancillería van a dar cuenta de ellos”, señaló el funcionario, de acuerdo con RCN Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La contienda legal se centra en la resolución emitida por la Cancillería colombiana que declaró desierta la licitación de los pasaportes en 2023. Esta medida desencadenó una demanda por parte de Thomas Greg & Sons, que reclama una cifra que supera los 117.000 millones de pesos, con el argumento de pérdidas económicas y daño a su reputación corporativa.

La postura de la institución jurídica es firme y decidida, al señalar que el Estado colombiano actuó conforme a sus responsabilidades legales y no infringió ninguna obligación. Camargo reiteró este punto al declarar: “Estoy convencido de que el Estado Colombiano no cometió una acción contraria a su deber y en ese contexto, claramente, es mi responsabilidad defender cada peso de los colombianos”, de acuerdo con el medio en mención.

La pretensión de la demanda presentada por Thomas Greg & Sons abarca diversos aspectos, desde las ganancias que la firma habría obtenido de haberse adjudicado el contrato de pasaportes hasta el presunto daño a su reputación empresarial. En el centro de la disputa se encuentra la solicitud de nulidad del acto administrativo que declaró desierto el proceso de licitación, así como el restablecimiento de los derechos que la firma considera que le fueron negados.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca asumió un papel crucial en este caso, con la evaluación cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes. En una declaración reciente, el tribunal afirmó: “Admitir la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Unión Temporal Pasaportes 2023 contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La decisión del tribunal validó el proceso legal emprendido por Thomas Greg & Sons, reconociendo que los actos administrativos sujetos a la demanda son susceptibles de control judicial. Esta validación refuerza la importancia de un sistema judicial imparcial y transparente en la resolución de conflictos de esta naturaleza.

Thomas Greg & Sons, la reconocida firma, emprendió una batalla legal contra el Gobierno colombiano, al solicitar una compensación económica que supera los 107.000 millones de pesos. La demanda, presentada ante la Cancillería de Colombia, representa un nuevo capítulo en una disputa que ha captado la atención nacional.

“Este tribunal es competente para conocer el asunto por el factor cuantía: la pretensión mayor de la demanda corresponde a $107.507.167.749, valor que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se detalla en el documento judicial.

La demanda de Thomas Greg & Sons incluye diversos argumentos, entre los cuales se destaca el incidente ocurrido el 5 de marzo de 2024, cuando la Unión Temporal Pasaportes 2023 presentó una solicitud al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la firma de un contrato. Según lo informado por Blu Radio, la petición fue rechazada por el fondo, con el alegato de que la decisión de revocar las resoluciones se tomó después de que el tribunal asumiera competencia sobre el caso, entre otras razones.