Nuevo giro en el caso de Arturo Char: magistrado Francisco Farfán asumió la ponencia contra el exsenador

El proceso judicial contra el expresidente del Congreso Arturo Char Chaljub tomó un nuevo rumbo tras una serie de acontecimientos que modificaron el caso. Inicialmente, el expediente estaba bajo la jurisdicción del magistrado Francisco Farfán, que estuvo de licencia desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 10 de abril de 2024, pero luego fue transferido temporalmente a la magistrada Cristina Lombana debido a una denuncia relacionada con presunta corrupción en un incidente vinculado con José Alfredo Gnecco.

Durante este periodo, se presentó una ponencia que abogaba por la preclusión del caso a favor de Char, con el argumento de la falta de pruebas que lo vincularan con el presunto entramado de corrupción conocido como la Casa Blanca.

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Es importante tener presente que durante la ausencia de Farfán, la magistrada Cristina Lombana redactó una ponencia solicitando la terminación del caso, además, ella autorizó el traslado de Arturo Char desde la cárcel La Picota de Bogotá hasta el Batallón Paraíso de la Policía Nacional.

El regreso del magistrado Farfán a su cargo implicó que todos los casos que tenía bajo su responsabilidad regresaran a su despacho. Por lo tanto, el funcionario recibió la ponencia presentada por Lombana y ahora deberá decidir si acepta los argumentos expuestos en ella o si realiza modificaciones sustanciales.

Una de las posibilidades que se plantean es que la ponencia sea modificada completamente y que en lugar de solicitar la terminación del caso, se proponga acusar al exsenador Arturo Char. Esto se basa en información revelada por la revista Cambio, según la cual Farfán fue el ponente del caso en el momento en que se ordenó la captura internacional del exsenador, y fue el que otorgó credibilidad al testimonio de Aída Merlano.

De esta manera, el magistrado determinará si persiste en la argumentación de que existen discrepancias entre los testimonios de Aída Merlano, o si, por el contrario, opta por elaborar un nuevo informe desfavorable para el expresidente del Congreso, que está siendo investigado por delitos relacionados con la compra de votos.

La compra masiva de votos en el Caribe colombiano fue la acción delictiva puso al exsenador Arturo Char en el centro de la polémica. Tras una investigación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de captura contra el exlegislador, en 2023, por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado.

Char es vinculado con una presunta red de compra de votos para las elecciones de 2018 en el Atlántico, con el objetivo de asegurar un escaño para la condenada Aida Merlano Rebolledo en el Senado. Según las investigaciones, el expresidente del Senado habría orquestado esta estructura delictiva desde la llamada ‘Casa Blanca’, la sede de campaña de Merlano.

Además de Char, el empresario Julio Gerlein también estaría involucrado en este caso de corrupción electoral. Aida Merlano, que se encuentra en la cárcel, proporcionó testimonios cruciales que han sido fundamentales para entender la complejidad de esta trama corrupta, al salpicar al político y al empresario en la compra de votos.

Durante su declaración ante la Corte Suprema, Aida Merlano reveló bajo juramento que posee información acerca de presuntas acciones para influenciar decisiones judiciales a favor de Julio Gerlein mediante la compra de jueces. Además, mencionó su conocimiento sobre el respaldo financiero de los hermanos Char en la adquisición de votos para Llinás y Arturo Char, así como la posible financiación de la compra de votos para asegurar cinco escaños en el Atlántico por parte de Cambio Radical.

En otro testimonio relevante para la investigación contra Char, Merlano admitió abiertamente que coordinó personalmente la compra de votos para su propia campaña al Senado y que contaba con un grupo de colaboradores de confianza dedicados a esa tarea en su beneficio.