El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, narró en su cuenta de X que habitantes del municipio de Caucasia invadieron desde la Semana Santa el predio hacienda Santa Helena, perteneciente al Estado, por extinción de dominio.
En su comunicado, el gobernador de Antioquia aseguró que su administración, en conjunto con la Policía, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el objetivo de devolver el el terreno a su dueño, al SAE. Sin embargo, según Rendón el Gobierno nacional ordenó desistir del proceso de recuperación del predio.
Ante esta denuncia, la congresista del pacto Histórico Isabel Zuleta le respondió a Rendón que “el desalojo de personas vulnerables no se puede hacer como una vaca improvisada”.
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Pero el gobernador mostró su desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional. “Esto es una vergüenza, un pésimo antecedente para el país. Avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de Derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable, pero NO con la violación a la propiedad privada”.
Adicionalmente, el mandatario se preguntó si acaso la administración pública del país está abriendo un precedente “que justifica cualquier invasión a la propiedad privada”; y calificó el hecho como “muy grave”.
A esta publicación respondió la senadora Isabel Zuleta, que calificó como “sospechosa” la manera en la que el alcalde de Caucasia quería desalojar a las personas que invadieron el terreno antes mencionado, ya que según la legisladora lo quiere hacer sin las garantías que exige la Corte Constitucional.
Y agregó en su réplica que: “¿por qué tanto interés del Centro Democrático en este desalojo? pocas veces la @PGN_COL acompaña los desalojos sobre bienes administrados por @activosSAE, y esta vez está, no para cumplir su función de proteger los derechos fundamentales de las personas que hoy ocupan el predio, sino para fungir de notaria de una inspección de policía que no quiere respetar las garantías básicas”.
De igual manera cuestionó el interés del gobernador Andrés Julián Rendón, en la hacienda Santa Helena, en la cual se encuentran las personas que invadieron dicho predio desde la Semana Santa, y cuestionó la forma en la que accedió a un documento que no era público. Y sobre el tema también comentó que “el desalojo de personas vulnerables no se puede realizar como si estuviéramos realizando una Vaca Improvisada”.
En ese sentido, la senadora del Pacto Histórico, cuestionó si detrás del interés en la Sociedad Comercial Finca Santa Helena S.A.S. existen motivaciones relacionadas con familiares de los accionistas de dicha sociedad. Según la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta, estos familiares tendrían actualmente suspendidos derechos sobre el predio objeto de discusión debido a un proceso de extinción de dominio que aún se encuentra en curso.
Asimismo destacó la decisión del director de la SAE, José Daniel Rojas Medellín y añadió que: “las comunidades afectadas por #Hidroituango @EPMestamosahi hemos padecido desalojos violentos, sin caracterización, sin soluciones habitacionales, ni alternativas para la subsistencia, nuestro Gobierno no va a pisotear los derechos de 5.200 personas”.
Finalmente, la congresista compartió la observación número siete del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, El derecho a una vivienda adecuada y los desalojos forzosos. Esta dice lo siguiente: “Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos”.