Con una carta enviada al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, la delegación del Gobierno que lidera el Espacio de Conversación Sociojurídica en Buenaventura (Valle) puso de manifiesto el domingo 28 de abril de 2024 lo que serían los obstáculos en el proceso de conversaciones entre las bandas delincuenciales de Shottas y Espartanos, que se encontrarían estancadas ante las diferentes posturas de estos grupos armados, en relación con el futuro de las tratativas.
De acuerdo con Caracol Radio, que obtuvo acceso a la misiva, la delegación del Gobierno expresó su inquietud debido a la falta de avance y atención a problemas críticos que ponen en riesgo la viabilidad de este esfuerzo de paz. A su vez, la representación reclamó al comisionado Patiño por no haberse reunido con ellos, pese a que se ha solicitado en repetidas ocasiones su presencia en territorio bonaerense, en donde se desarrolla este proceso en búsqueda del cese al fuego.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
En el documento de cinco páginas, los delegados han mencionado que la inasistencia del funcionario del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, ha provocado que se incumplan algunos de los compromisos pactados con la mesa. Lo que, además, ha causado un desgaste del proceso y ha afectado de forma negativa la seguridad en el puerto, en que además operan otras estructuras criminales que se pelean el control del mercado de estupefacientes.
“Luego de más de cinco meses de su llegada a la oficina del alto Comisionado, ahora consejería comisionada de Paz, no ha sido posible que usted se reúna con la delegación del Gobierno, y vemos con preocupación que varios temas y requerimientos puestos en su conocimiento en repetidas ocasiones, siguen sin ser atendidos, esta situación ha generado que la delegación gubernamental, incumpla varios de los compromisos adquiridos”, reseñó la delegación.
En su comunicación, además, mencionaron la suspensión de la participación de los Espartanos en el proceso, desde el 6 de marzo, que atribuyeron su decisión a una “falta de garantías judiciales y de seguridad”, y las prometidas reuniones con la fiscal de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el director de la Policía, general William René Salamanca, las cuales no se habrían producido aún.
Piden actuaciones urgentes del Gobierno
Por su parte, la falta de acciones concretas para combatir la violencia en el distrito, de más de 400.00 habitantes, y el fortalecimiento de las economías ilegales en el territorio, son otros de los puntos mencionados en la comunicación. En su carta, la delegación del Gobierno ha implorado por un plan integral que aborde el hurto, la extorsión, y el homicidio, ya que desde diciembre de 2023 han advertido sobre las amenazas que otros actores armados ilegales representan para el proceso.
De acuerdo con los representantes del Estado, no se ha adelantado la contratación del equipo de trabajo requerido, con obstáculos logísticos fundamentales para el avance del proceso, como la falta de oficinas en Buenaventura y medidas de seguridad para los participantes. A esto se suma la preocupación por la ausencia de inversión de los recursos designados para el 2023, que ascienden a los $2.999 millones de pesos, “sin que se hayan ejecutado” en lo que va del 2024.
“Aunque el coordinador de esta delegación se lo solicitó desde el primer mes del año, a la fecha esta delegación no conoce cuáles son los recursos de inversión y funcionamiento con los que cuenta para adelantar el proceso durante el año 2024, lo que dificulta la planeación y desarrollo de las actividades”, se precisó en la carta.
Ante este panorama, la delegación del Gobierno hizo una petición concreta a Patiño: que asista a la próxima sesión en el puerto, antes del 5 de mayo, cuando expira el acuerdo de reducción de violencia entre las bandas Shottas y Espartanos. Esta solicitud, de acuerdo con los firmantes, busca garantizar que se emitan los lineamientos y compromisos necesarios para estabilizar y avanzar en el proceso de paz.