Santurbán se volvió una plataforma política para llegar a cargos públicos: veeduría de delimitación

La veeduría ‘Dignidad Minera’ expresó su apoyo a las acciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo demandando medidas disciplinarias contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por no concretar la delimitación del Páramo de Santurbán.

Según Ivonne González, vocera de la veeduría en la provincia de Soto Norte, el Ministerio ha estado posponiendo dicha delimitación a pesar de existir una directriz de la Corte Constitucional desde 2017.

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La Procuraduría y la Defensoría hicieron un llamado al Tribunal Administrativo de Santander para actuar frente a lo que consideran un desacato por parte de la titular de la cartera de Ambiente. Esto señaló las tensiones entre las autoridades gubernamentales y grupos de defensa ambiental acerca de la gestión y preservación del Páramo de Santurbán, un ecosistema vital para la región.

Hernán Morantes, miembro del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, reconoció que, aunque el Ministerio inició reuniones para tratar la delimitación, los avances son insuficientes por falta de consenso. Desde ‘Dignidad Minera’, señalan que las dilaciones tienen más un “trasfondo político que técnico”, y acusan a ciertos actores de usar el tema del páramo como “trampolín político” sin considerar el impacto en las comunidades locales.

“Santurbán se volvió un capricho de unas personas que no representan a Santander y que utilizan el tema como plataforma política para llegar a cargos políticos, pero que no tienen en cuenta a las comunidades afectadas”, afirmó Dignidad Minera a través de un comunicado.

A pesar de haber realizado cambios significativos, en su momento la jefa de la cartera Susana Muhamad criticó enérgicamente la estrategia de desarrollo minero conocida como la “locomotora minera” implementada por administraciones anteriores.

Según Muhamad, esta política generó conflictos ambientales debido a su falta de consulta con las comunidades locales. Destacó que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser “la gobernanza del agua en las áreas de páramo”.

En noviembre del 2023 cuando visitó Vetas, un municipio en la provincia Soto Norte, Muhamad sostuvo un diálogo abierto con la comunidad para abordar preocupaciones sobre la preservación del agua y la conservación del Páramo de Santurbán. Durante este encuentro, el Ministerio de Ambiente se comprometió a corregir los errores cartográficos que habían propuesto inicialmente, los cuales afectaban aproximadamente al 90% de la población, especialmente a aquellos dedicados a actividades mineras.

Además, el Gobierno nacional se comprometió a apoyar a Vetas en el desarrollo de un “cluster turístico”, considerado crucial para fomentar un turismo de alta calidad en la región. Asimismo, se acordó la creación de un fondo específico dentro del Conpes de Páramos para financiar la gestión integral del ecosistema.

Entre los meses de diciembre de 2023 y marzo de 2024, se observó una falta de progreso y de acciones por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo que respecta a la delimitación del ecosistema estratégico en cuestión.

Asimismo, se ha hecho notar la carencia de actualizaciones y la escasez de información transparente para los involucrados en el proceso de delimitación, específicamente a través del Micrositio Santurbán Avanza de la página web del Ministerio, un espacio dedicado a la difusión de información pertinente y progresos del proyecto.

Esta paralización ha suscitado preocupaciones, especialmente debido a la ausencia de comunicación ante las solicitudes de aclaración por parte de la entidad regulatoria respecto a las causas de la pausa en el proceso de delimitación y al no cumplimiento del calendario previamente establecido.

Es importante resaltar que, el páramo desempeña un papel estratégico como reserva natural, actuando como una zona crucial para la recarga y regulación del agua. Se extiende aproximadamente sobre 150,000 hectáreas, con alrededor del 72% de su territorio ubicado en el departamento de Norte de Santander y el 28% en Santander.

En vista de la situación presentada, la comunidad afectada sostiene que sus derechos han sido sistemáticamente vulnerados, y expresan la convicción de que el incidente ha acarreado perjuicios significativos.