Presuntos sicarios fueron capturados por la Policía: tenían un arma con la frase “Fuerzas Armadas Venezolanas” contramarcada

En un operativo policial llevado a cabo en Cartagena, dos individuos sospechados de ser sicarios fueron capturados tras una intensa persecución. Los agentes de la ley lograron incautar una pistola que curiosamente portaba la marca de las Fuerzas Armadas Venezolanas, un hecho que ha generado diversas especulaciones sobre el origen y las actividades de los detenidos.

La detención se produjo después de que las autoridades locales recibieran información confidencial sobre la presencia de estos sujetos en la zona, lo que desencadenó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. La pistola incautada ha sido remitida a la Fiscalía para su posterior análisis, en un intento por descifrar posibles conexiones con operaciones criminales más amplias, tanto dentro como fuera del país.

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Este suceso ha atraído la atención de la comunidad debido a la marca de la pistola, que sugiere vínculos con Venezuela. La policía está investigando cómo estos individuos obtuvieron tal arma y si esto implica una nueva dinámica en el accionar de los grupos delictivos en la región. La Secretaría de seguridad de Cartagena ha expresado su compromiso con la investigación, enfatizando en la importancia de determinar el alcance de estas operaciones ilegales

En el turístico sector de Barú, en Cartagena de Indias, se realizó un operativo en el que las autoridades han puesto bajo custodia a Ramberlin Virginia Quevedo Molina y Beatriz Adriana Gil Rojas, dos ciudadanas extranjeras acusadas de liderar una red de explotación sexual que involucra a menores de edad. Ambas eran las administradoras de un establecimiento nocturno en el corregimiento de Ararca, donde, según investigaciones, se promovían encuentros sexuales con adolescentes.

El rescate de dos jóvenes, de 15 y 17 años, durante un allanamiento a dicho establecimiento, ha revelado la vulnerabilidad de los menores en áreas turísticas a ser absorbidos por redes de explotación. La Fiscalía del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Civas) de Cartagena, que lideró el operativo.

Se han formulado cargos contra Quevedo Molina y Gil Rojas por los delitos de proxenetismo con menor de edad y estímulo a la prostitución de menores, de acuerdo con el informe de la Fiscalía. A pesar de haberse declarado inocentes, un juez determinó su reclusión preventiva en la cárcel del municipio de Turbaco, esperando juicio.

La comunidad de Barú y el municipio de Cartagena se han visto sacudidos por este caso, resaltando la creciente preocupación por la seguridad de los menores y la lucha contra las redes de explotación sexual.

“Este operativo es un claro mensaje de que no toleraremos la explotación de nuestros jóvenes,” declaró un portavoz de la Policía Nacional, cuyos agentes participaron en la exitosa operación de rescate. La presencia en el lugar de las administradoras, descritas como de mediana estatura y contextura gruesa, supervisadas por agentes de policía durante su captura, ha sido una imagen poderosa que recorre las redes, evidenciando la firme respuesta de las autoridades ante este flagelo.

Las implicaciones de este caso para los esfuerzos regionales de combatir la trata de personas y proteger a los menores de edad son significativas. Expertos en derecho penal y activistas por los derechos humanos han señalado la importancia de fortalecer las redes de apoyo y vigilancia en comunidades vulnerables, así como de promover una mayor conciencia sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en sectores económicos informales, especialmente en zonas turísticas.

El ágil accionar del Caivas y la Policía Nacional, en este caso, ejemplifica la creciente coordinación entre diferentes agencias del orden público en el abordaje de casos de explotación sexual. Además, refuerza la necesidad de contar con marcos legales robustos y efectivos para perseguir y sancionar a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de menores.

Este caso constituye un triste recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra la explotación sexual infantil, pero también demuestra la determinación y capacidad de sus instituciones para enfrentar y desmantelar estas redes delictivas. La atención ahora se centra en el proceso judicial contra Quevedo Molina y Gil Rojas, cuyo resultado podría sentar un precedente importante en el tratamiento legal de delitos similares, que hacen parte de un complejo de delitos sobre el turismo sexual.