Alarma en cárcel de Huila por casos de tuberculosis en reclusos: autoridades tomaron medidas

La cárcel de Rivera, en Huila, vive una emergencia por los casos de la enfermedad infecciosa conocida como tuberculosis, según informó el personero municipal, Jerson Andrés Bastidas.

De acuerdo con lo informado por Bastidas, son 97 internos infectados, por lo que en el centro penitenciario se están adelantando los controles de cuidado y prevención para evitar que la enfermedad se propague a otros privados de la libertad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A su vez, indicó que la Cruz Roja está realizado el respectivo tratamiento médico a los afectados, mientras que desde la Personería adelantan labores de vigilancia del comportamiento de la enfermedad: “Tuvimos la mesa penitenciaria y el reporte que nos entregó la Cruz Roja como operador de salud de dicho establecimiento carcelario, que hay un total de 97 casos con tuberculosis”.

El personero añadió que, pese a que la cifra es menor al reporte de febrero donde hubo 117 infectados, sí es importante hacer una vigilancia permanente para que los casos no se incrementen; por ello, anunciaron medidas restrictivas en sus visitas familiares y conyugales para los reclusos enfermos.

La propagación de la tuberculosis es solo una de las problemáticas que afronta este centro carcelario, según el personero, ha recibido denuncias de los familiares de los reclusos por la falta de suministro de energía eléctrica y agua en la mencionada cárcel. Ante esta situación, el director del centro penitenciario afirmó que se están adelantando convenios para garantizar el líquido vital a los privados de la libertad:

“Hay una problemática al interior del establecimiento con la energía y con el suministro de agua que poco a poco se ha ido subsanando con unos convenios que se vienen realizando por parte de la Uspec, que es el que maneja directamente esta etapa de la contratación. De esta forma podemos dar una voz de aliento de que se están haciendo las labores pertinentes para subsanar estas necesidades al interior del establecimiento”, aseguró el director del centro carcelario, Andrey Tejada.

En la mañana del jueves 25 de abril, el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el vicepresidente Jorge Enrique Ibáñez Najar, hicieron reparos a la gestión del Gobierno nacional en la falta de medidas efectivas para la atención de la crisis carcelaria y de comunidades de La Guajira.

El magistrado Reyes aseguró que, debido a los pocos avances, estarían contemplando emitir orden de desacato al Estado, pues se trata de tres sentencias que datan de 2018:

“Para que los concernidos a cumplir esas sentencias entiendan que la Corte está vigilante y que, inclusive, estamos pensando en desacato, es decir, la Corte se está tomando en serio este asunto. No podemos seguir que los niños y niñas de La Guajira se mueran de física hambre o por temas de salud, lo propio de las cárceles. En la sentencia se han dado términos perentorios para que no hubiera personas condenadas en los Centros Transitorios de Detención (CTD), y han pasado muchos meses en que no tenemos noticia cierta y efectiva de que eso se ha cumplido”, declaró el magistrado durante una rueda de prensa.

Por su parte, el vicepresidente del alto tribunal explicó las decisiones que se tomaron para afrontar la emergencia carcelaria: “Las autoridades públicas están obligadas a rediseñar una política para garantizar los procesos de resocialización con énfasis principal en el trabajo. Otra sentencia que tiene como finalidad garantizar principalmente los derechos de la población privada de la libertad en centros de detención carcelaria y transitoria. Esta última sentencia, la Corte ha verificado que a pesar de que en las órdenes proferidas por la Corte que extendió la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional a un centro de detención transitoria, todavía persiste una tragedia humanitaria”.

La Corte afirmó que esto es una muestra de falta de voluntad política y, en el caso de las cárceles del país, existe una “violación masiva y sistemática”, además del hacinamiento que en algunos casos supera el 4.000%.