El presidente Gustavo Petro informó en la noche del miércoles 24 de abril que suscribió un acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que representa a la mayoría de EPS a nivel nacional del régimen contributivo, para transformar estas entidades en gestoras de salud.
Luego de varias sesiones con representantes del gremio y de Sura, Saludtotal, Gestarsalud, Compensar, Coosalud, Nueva EPS y Mutualser, se acordaron los criterios de transformación y las responsabilidades que tendrán dentro del sistema.
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De acuerdo con el artículo 24 del proyecto de ley, las gestoras de salud serán entidades que pueden ser públicas, privadas o mixtas, que nacen de la transformación de las EPS.
Sus funciones estarán orientadas hacia la gestión integral del riesgo en salud y operativo, la coordinación de los sistemas de referencia y contrarreferencia, así como el establecimiento de los planes de intervención y articulación de servicios para las demandas en salud, entre otras, en cada uno de los territorios que les sean asignados.
La primera parte esencial de las gestoras de salud será trabajar de la mano con los Centros de Atención Primaria en Salud, Caps, con algunas funciones como:
- Liderar acciones para identificar, segmentar y analizar los riesgos en salud.
- Organización y conformación de las redes de servicios para los territorios.
- Gestionar el riesgo en salud en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps).
- Establecer los planes de intervención.
- Articular la ejecución de la gestión operativa para responder a la demanda.
- Gestionar un sistema de referencia y contrarreferencia en coordinación con las secretarías departamentales.
También deberán encargarse de optimizar de la mejor manera los recursos de la salud, mediante las siguientes tareas:
- Entregar informes periódicos del funcionamiento de las redes.
- Contribuir al uso eficiente, racional y óptimo de los recursos financieros.
- Realizar la auditoría integral de calidad, de cuentas médicas y concurrente de las prestaciones de servicios de salud.
- Validar la facturación del componente complementario.
- Realizar rendición de cuentas de sus actividades con la periodicidad establecida.
- Gestionar el pago de las prestaciones económicas.
Cuáles son las condiciones para ser gestores en salud
Las EPS autorizadas en los regímenes actuales (subsidiado y contributivo) que deseen transformarse en gestoras de salud deberán manifestarle por escrito al Ministerio de Salud y a la Superintendencia su intención de acogerse a dicha transición, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la expedición de la reglamentación sobre la autorización y habilitación de las gestoras de salud y vida.
El proyecto de ley también contempla el escenario para las EPS que no deseen convertirse en gestoras de salud y vida: deberán presentar su plan de retiro voluntario. En caso de no hacerlo, el Gobierno iniciará el trámite para su retiro.
Por otra parte, si la entidad desea transformarse, deberá presentar el proyecto de habilitación como gestora de salud y vida, para lo cual deberá presentar un plan de saneamiento de la totalidad de los pasivos respaldados por acuerdos de pago con sus acreedores, o garantías financieras, cumpliendo con un plazo que no sobrepase 48 meses a partir de la autorización de la Superintendencia de Salud. En caso de incumplir, entrará en proceso de liquidación.
Para el caso en el que expresen su deseo de retiro voluntario, “las entidades promotoras de salud tendrán que presentar un plan de saneamiento que contemple el pago de la totalidad del pasivo en un tiempo que no podrá ser superior a 48 meses contados a partir de la radicación del plan de retiro voluntario o al vencimiento de los 60 días previstos en el presente artículo”, se puede leer en el proyecto de ley.
El proyecto contempla otorgar a las entidades gestoras de salud y vida un 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) destinado a financiar la atención sanitaria. Si estas entidades no cumplen con los estándares de gestión definidos, su remuneración se reducirá hasta un 30%. En caso de incumplimiento por segunda ocasión, se les aplicará una medida de supervisión especial.
Además, estas entidades podrán recibir hasta un 3% adicional del valor de la UPC asignada para el financiamiento de la atención en salud de la población a su cargo.