Esta es la millonaria sanción que tendrá que pagar Colombia: perdió juicio contra multinacional que es dueña del Cerrejón

En una decisión que impacta las relaciones entre el ámbito corporativo internacional y el Estado colombiano, Colombia fue sancionada a pagar 37.800 millones de pesos a la multinacional Glencore, dueña de Cerrejón y Prodeco, tras perder un laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El conflicto surgió por acusaciones relacionadas con prácticas anticompetitivas en la construcción y explotación de Puerto Nuevo, en Magdalena, un punto neurálgico para la exportación de carbón en Colombia.

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Esta medida se produce después de que, desde 2019, Glencore iniciara un proceso de arbitraje argumentando que Colombia había infringido el convenio sobre la protección y promoción recíproca de inversiones bilateral con Suiza.

La disputa comenzó cuando en 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acusó a Puerto Nuevo y Prodeco de “obstruir el uso del puerto público a terceros exportadores de carbón”. Esta acción, según la SIC, beneficiaba directamente a Prodeco mientras perjudicaba a otros competidores en el mercado, especialmente favoreciendo a Drummond, competidor directo, al permitirle usar un canal de acceso sin haber contribuido a su construcción o mantenimiento.

El tribunal del Ciadi criticó a Colombia por no haber regulado “la distribución equitativa de los gastos relacionados con la construcción y el mantenimiento del Canal de Acceso entre sus usuarios”, lo cual fue parte fundamental del veredicto a favor de Glencore y sus filiales.

A pesar de que la demanda inicial de la compañía suiza ascendía a 252.000 millones de pesos, el tribunal determinó un pago de apenas 15% de esta cifra, concluyendo además que Glencore había “exagerado” en su cálculo de compensación. La suma establecida refleja el impacto negativo en las exportaciones de carbón sufridas por los demandantes a causa de las acciones estatales.

Ante esta resolución, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó su “sorpresa” y rechazo por considerar que el laudo se dictaminó sin un análisis exhaustivo de las pruebas y argumentos presentados por Colombia.

“El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente” y anunció que está evaluando solicitar la anulación del fallo emitido, señalando, en un comunicado oficial, la falta de un riguroso análisis por parte del Ciadi.

“El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente. El Estado rechaza que una condena en un arbitraje de inversión pueda realizarse en menos de 5 páginas, en las que el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales presentados por el Estado en su defensa”, fueron las palabras de la Agencia.

La pérdida de este laudo arbitral no solo implica un desembolso económico significativo para Colombia, también pone en relieve las tensiones existentes en la regulación y administración de infraestructuras críticas para la economía nacional.

Además, abre el debate sobre la eficacia de los mecanismos de defensa jurídica del Estado frente a disputas internacionales de inversión y las implicaciones de los tratados bilaterales de inversión.

Este caso, que se inició hace varios años, refleja la complejidad de las relaciones entre entidades estatales y grandes corporaciones internacionales, especialmente en sectores estratégicos como el minero y energético. La resolución final del Ciadi subraya la importancia de una regulación clara y equitativa que garantice tanto la competencia justa entre corporaciones como la protección del interés público. Además, este evento podría tener repercusiones en futuras inversiones extranjeras en Colombia, influenciando la percepción del país como destino para el capital internacional.

El debate sobre las implicaciones de este fallo y sus efectos en el ámbito económico y jurídico de Colombia está lejos de concluir. Mientras tanto, las autoridades colombianas enfrentan el reto de revisar sus estrategias de defensa y negociación en el escenario global, particularmente en lo relacionado con la gestión y uso de recursos naturales y la infraestructura crítica asociada a estos.