Tres policías fueron judicializados por robar joyas avaluadas en $50 millones en medio de un procedimiento

La Policía Nacional es una institución al servicio de la ciudadanía para prestar seguridad y luchar contra la criminalidad que opera en las áreas urbanas, pero algunas veces ciertos uniformados que son comúnmente conocidos como ‘manzanas podridas’ tienen comportamientos delincuenciales que afectan a la institución.

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En medio de las acciones desarrolladas para combatir a los agentes corruptos dentro de la institución, la Fiscalía General judicializó a tres uniformados que habrían cometido el millonario hurto de unas joyas al interior de una vivienda en Cali.

Los señalados son el teniente Luis Alejandro Agudelo Hernández, el subintendente Staley José Torres Sierra y patrullero Stiven Fernando Urazán Londoño, quienes fueron acusados de irrumpir el 8 de diciembre del 2023, en medio de un proceso irregular, en una casa en el sur de la ciudad para hurtar unas joyas que estaría avaluadas en 50 millones de pesos.

“Los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados dan cuenta de que los hoy imputados acudieron al lugar de los hechos ante el llamado que se hizo a través de la línea 123, pero una vez llegaron al lugar al parecer, ingresaron irregularmente a una vivienda ubicada en el barrio El Ingenio de esta ciudad”, emitieron en un comunicado desde el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la actuación de los uniformados fueron omitidos varios procedimientos, además de haber mentido en los libros de la Estación de Policía. Las capturas de los tres señalados se realizaron en las ciudades de Cali, Bogotá y Santa Marta.

Los policías fueron imputados con los cargos de hurto calificado y agravado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Los tres uniformados no aceptaron sus cargos y fueron cobijados por un juez de control con medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

En un reciente suceso que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, un grupo de ocho delincuentes fue implicado en el secuestro y robo a un comerciante en la localidad de Fontibón. Durante el operativo policial para resolver la situación, que incluyó un intercambio de disparos, uno de los policías resultó herido. Pese a la captura inicial de los criminales, un error judicial posteriormente los dejó en libertad.

El patrullero Brayan Conde, quien participó en el operativo, fue arrestado el 18 de abril bajo sospecha de apropiación indebida y prevaricato por omisión, tras ser acusado de sustraer 20 millones de pesos durante la intervención. Durante la incursión, se informó que los delincuentes habían secuestrado al comerciante, trasladándolo a su domicilio donde, después de agredir y atar a su familia, robaron más de 70 millones de pesos en efectivo, además de joyas.

Los oficiales, alertados por la situación, hirieron a dos delincuentes para luego capturar al grupo. Según la investigación, un criminal reveló a Conde la existencia de una maleta que contenía 70 millones de pesos junto con joyas, momento que el uniformado aprovechó para sustraer parte del botín.

Documentos oficiales indican que Conde escondió inicialmente parte del dinero en su casco, para luego guardar mayor cantidad en una estación policial. Ante los cuestionamientos de un oficial sobre el paradero del dinero, el hombre entregó parte de este, aunque inicialmente ocultó la cantidad exacta sustraída.

La captura de Conde ha sido un punto de inflexión en este caso, resaltando no solo la falla en el sistema judicial que permitió la liberación de los criminales, sino también la falta de ética y compromiso de un miembro de la fuerza policial, cuya actuación se desvió gravemente de la conducta esperada en situaciones de riesgo y compromiso público. La investigación sigue en curso por parte de la Fiscalía General de la Justicia Penal Militar y Policial.