Pacto Histórico podría perder un escaño: admiten demanda de pérdida de investidura contra Alejandro Toro

El Consejo de Estado admitió una demanda que solicita la pérdida de investidura del representante a la Cámara Alejandro Toro, miembro del Pacto Histórico, debido a presuntas irregularidades contractuales con la Alcaldía de Medellín, dirigida en su momento por Daniel Quintero.

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Esta demanda, presentada por el abogado Juan David Giraldo Mora y el ciudadano Daniel Salazar el 17 de abril del 2024, pone en tela de juicio la legalidad de las acciones de Toro durante el periodo de su campaña para las elecciones de marzo de 2022. La controversia surge a raíz de un contrato firmado y ejecutado por Toro con la administración de Quintero desde el 24 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021, tiempo durante el cual el congresista también se inscribió como candidato.

Los demandantes alegan que Alejandro Toro, al momento de su inscripción como aspirante por la lista cerrada del Pacto Histórico para las elecciones de la Cámara de Representantes por Antioquia, estaba activamente involucrado como contratista público y gestor del mencionado contrato. “Durante el proceso de investigación, pudimos evidenciar que el representante era contratista público y gestor de dicho contrato,” señaló Daniel Salazar, evidenciando un posible conflicto de interés o incompatibilidad con las normativas electorales colombianas.

Este caso ha adquirido relevancia pública no solo por las implicaciones legales que conlleva, sino también por la conexión de Toro con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha sido una figura polémica en la política colombiana. La relación entre ambos políticos ha sido puesta bajo el microscopio, especialmente considerando el contexto en el que se desarrollaron los contratos y la campaña electoral del congresista.

El concejal Alejandro de Bedout profundizó en la cuestión al anunciar en redes sociales que el Consejo de Estado decidió admitir la solicitud de pérdida de investidura, argumentando que la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Fundación Avanti Centro de Formación, ambas entidades públicas del orden territorial de Medellín, estuvieron involucradas en contratos de prestación de servicios para el proyecto “Semillero Audiovisual”.

Específicamente, estos contratos se firmaron y ejecutaron seis meses antes de la postulación de Toro, donde “no sólo firmó los contratos, sino que participó en su ejecución como tallerista”, señalaba la denuncia.

La admisión de esta demanda por parte del Consejo de Estado abre un precedente importante en cuanto a la vigilancia y el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los candidatos a cargos públicos en Colombia. La situación de Alejandro Toro y su posible pérdida de investidura plantean interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión de contratos y la postulación a elecciones. Este caso refleja la tensión existente entre las actividades políticas y las responsabilidades contractuales que pueden entorpecer la integridad de los procesos democráticos.

La resolución de esta demanda determinará el futuro político de Toro y podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las incompatibilidades entre ser un candidato a un cargo de elección popular y tener contratos con entidades públicas. La comunidad espera atenta a las deliberaciones y decisiones finales del Consejo de Estado, consciente de la importancia de resguardar los principios democráticos y legales que rigen la administración pública y la participación política en el país.

David Alejandro Toro Ramírez es un Representante a la Cámara por la Circunscripción de Antioquia en el Periodo Constitucional 2022 - 2026.

Toro es conferencista y defensor de derechos humanos. Fue elegido como representante a la Cámara por el movimiento Pacto Histórico en marzo de 2022, respaldado por el candidato presidencial Gustavo Petro.

Es también uno de los precursores de la “paz total”, propuesta por la administración Petro. Además, participó en la apertura de la frontera Colombia-Venezuela promovida por el presidente Gustavo Petro. Toro radicó un proyecto para agilizar la restitución de tierras por vía administrativa. Lo último que se supo del legislador, es que fue invitado por el Gobierno ruso para ser veedor de las elecciones de ese país.