El Ministro de Transporte, William Camargo, enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a la gestión de un contrato para la concesión de uno de los muelles del puerto de Buenaventura, cuya prórroga inicialmente aprobada fue posteriormente revocada.
La indagación se centra en las presuntas irregularidades en torno a la decisión de extender y luego cancelar la concesión del muelle 13 a Grupo Portuario S.A., una decisión que incluso el presidente Gustavo Petro rectificó, asignando el uso de este espacio a los pescadores de la región.
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En horas de la mañana del 24 de abril, la institución de control estableció que se “ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, por las presuntas irregularidades en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria que días antes le había sido adjudicada al Grupo Portuario S.A.”.
Es por este motivo que esta investigación no solo involucraría al ministro Camargo, sino también a los altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP); específicamente, el subdirector general de prospectiva y desarrollo nacional del DNP, Juan Miguel Gallego, la vicepresidenta de gestión contractual de la ANI, Carolina Barbanti, y el vicepresidente jurídico ad hoc de la misma entidad, Gustavo Salazar.
Así mismo, con un foco ampliado foco hacia otros funcionarios públicos la indagación de carácter disciplinario incluiría a dos viceministros (de Hacienda y Ambiente). “La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que además del ministro serán investigados la viceministra general (e) del ministerio de Hacienda y Crédito, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
Esto investigará la Procuraduría
Los puntos de interés para la Procuraduría incluyen la verificación de las razones por las cuales se negó la extensión del contrato y si estas decisiones provocaron impactos ambientales negativos en Buenaventura sin presentar evidencias sólidas que respalden la decisión.
Específicamente, “la entidad validará las razones por las que el 28 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, decidió de forma unánime no aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria que había aprobado cinco días antes la solicitud de modificación de las condiciones del mismo, y declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida”, como expresó la institución.
En ese mismo término, se cuestiona si los funcionarios involucrados desconocieron el concepto técnico del Establecimiento Público Ambiental (EPA) y si violaron el debido proceso durante el trámite de la solicitud de modificación del contrato.
Los funcionarios investigados presuntamente no aportaron evidencias que fundamentaran sus advertencias acerca de posibles daños ambientales graves al territorio, ni contaron con el concepto de la Superintendencia General de Puertos, de modo que habrían incurrido en “falsa motivación, al argumentar en la retractación la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”, según la Procuraduría.
También están señalados de obviar la preclusión de etapas necesarias, no respetar la conformación del consejo directivo y omitir la participación de este último en el trámite del recurso de reposición. Estos alegatos, de ser comprobados, podrían implicar faltas significativas a las normativas administrativas y legales vigentes.
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