Indígenas, afros y campesinos se pensionarían a una edad menor: este es el polémico artículo que salvó la reforma pensional

En un giro crucial para la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Richard Fuelantala, perteneciente a Aico, desempeñó un papel fundamental al evitar lo que podría haber sido una derrota significativa para el ejecutivo en el Senado. La sesión, que tuvo lugar el martes 23 de abril, estuvo marcada por intensas negociaciones y una votación decisiva que terminó por favorecer la posición del gobierno, estableciendo que la reforma pensional entraría en vigencia en julio del 2025, contrario a propuestas que sugerían postponerla hasta 2026 o 2027.

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La importancia del voto de Fuelantala se hizo evidente durante los momentos finales de la votación sobre uno de los artículos más controvertidos de la reforma, relacionado con su fecha de entrada en vigor. Ante la ausencia de quorum necesario para rechazar una proposición de la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, que buscaba retrasar la entrada en vigencia hasta 2027, el gobierno enfrentaba la posibilidad de un revés mayor. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había advertido previamente que, sin la aprobación del Senado ese martes, la reforma corría el riesgo de fracasar por falta de trámite.

En un esfuerzo por asegurar el quorum, destacados miembros del gabinete de Petro, incluyendo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López, realizaron gestiones para convencer a Fuelantala de regresar al recinto y votar en contra de la proposición de Lozano. “Abrimos el debate, ese es el compromiso”, “me comprometo a hacerlo”, “estamos en medio de una votación”, fueron algunas de las frases capturadas en un video que documentó estos momentos de tensión y negociación política.

Curiosamente, el senador Fuelantala, quien tiene una formación como veterinario y zootecnista de la Universidad de Caldas, fue abordado mientras reposaba en un sofá en un salón anexo al Congreso, acompañado de otros congresistas como Inti Asprilla, de la Alianza Verde y aliado del gobierno, y Jota Pe Hernández, también de la Alianza Verde pero crítico del ejecutivo.

Según se pudo conocer por diferentes videos en redes sociales, parte de las negociaciones incluían discusiones acerca de la posibilidad de establecer una edad de pensión menor para la población indígena, reflejando las complejidades subyacentes al debate pensional.

Y es que la salida de Fuentala del recinto fue una señal de protesta ya que instantes antes se había hundido su propuesta de un trato diferencial en el régimen pensional a comunidades indígenas, afros y campesinas, mismo que el ministro del Interior calificó de inscosntitucional.

El retorno de Fuelantala al salón de sesiones y su posterior voto en contra de la proposición de retraso, recibidos con aplausos por parte de los miembros del Pacto Histórico y otros parlamentarios presentes, fue decisivo para mantener la fecha de vigencia de la reforma en 2025. Lozano calificó este resultado como una “chambonada”, evidenciando la polarización en torno a este tema crítico para el futuro de las pensiones en Colombia.

Este acontecimiento subraya no sólo la fragilidad de las mayorías legislativas en momentos clave para el avance de iniciativas significativas del gobierno, sino también el papel esencial que juegan las negociaciones políticas en el logro de acuerdos.

Según los videos para el senador del Aico “era más fácil esperar mañana y no en Cámara”, haciendo referencia a el día de hoy y el paso del proyecto a la Cámara de Representantes. Hasta ahora, solo se sabe que el Pacto Histórico respiró y el congresista indígena logró que su propuesta reviviera y se aprobara junto con el título del proyecto.

Sin embargo, según Jota Pe Hernández, se trató de una maniobra y lo más seguro es que el artículo se hunda en Cámara, “en otras palabras lo engañaron”, aseguró.

Según el senador Fuelantala, este artículo buscará mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que “la población rural, según la ONU, tiene 20 años menos de esperanza de vida y para Colombia en algunas regiones, son 10 años menos en lugares donde hay población indígena y afro y que son menores a 66 años”.

La nueva disposición legislativa mandata al Gobierno Nacional realizar un estudio, a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para definir hasta qué punto puede reducirse la edad para pensionarse específicamente para campesinos y afrodescendientes.

Este ajuste en la política pensional no solo facilitará a estos grupos el acceso a una pensión de retiro, también les permitirá beneficiarse más tempranamente de los bonos para adultos mayores ofrecidos por el gobierno. Al respecto, Fuelantala expresó su optimismo respecto a que “este acuerdo se respete durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes” y subrayó la importancia de que el Gobierno cumpla lo prometido y que “quede plasmado en la reforma pensional”.

Aunque reconoce que la medida tendrá un impacto fiscal, las autoridades sostienen que el beneficio para la población rural y étnica, caracterizada por su vulnerabilidad económica, justifica la inversión. “Esto tendría un impacto fiscal, pero beneficiará la gente pobre y vulnerable que habita en las zonas rurales”, afirmó el senador, destacando el compromiso del Gobierno con defender los derechos de estas comunidades.

El estudio del Dane evaluará la viabilidad financiera de la medida para asegurar que los beneficios a largo plazo superen los costes iniciales.