Policías fueron acusados de lesiones personales y abuso de autoridad, por ataque contra estudiante en el Paro Nacional de 2021

La Fiscalía General de la Nación anunció la acusación formal contra dos agentes de la Policía Nacional, identificados como Danilo José Núñez y Álvaro Ramírez Castro, por los delitos de lesiones personales y abuso de autoridad contra Leidy Cadena, una estudiante lesionada durante el Paro Nacional en 2021.

Los hechos resultaron en que la joven perdiera la visión de un ojo. La presentación de pruebas está programada para el 18 de junio, marcando un punto crítico en el proceso judicial iniciado por estos sucesos.

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Los eventos que culminaron en esta grave acusación sucedieron el 28 de abril de 2021, en medio de las manifestaciones del Paro Nacional, una serie de protestas que sacudieron al país. Leidy Cadena, de 22 años y estudiante de Ciencias Políticas, participaba en la manifestación cuando fue agredida.

El impacto recibido por parte de los ahora acusados, miembros del Esmad, le provocó la pérdida de la visibilidad en su ojo derecho, un trágico desenlace para una joven que solo deseaba expresar su posición frente a la situación social de su nación.

A pesar de la violencia que caracterizó algunos encuentros durante las protestas, Cadena asegura que ni ella ni las personas que la acompañaban portaban capuchas o participaban en actos de agresión que justificaran una respuesta violenta por parte de las fuerzas del orden. El incidente destacó la delicada línea entre el mantenimiento del orden público y la garantía de los derechos civiles en contextos de manifestación social.

Este proceso legal podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los agentes de seguridad en el manejo de las protestas y el respeto por los derechos humanos en Colombia, en un momento en que la sociedad demanda justicia y transparencia en las acciones del Estado. La atención ahora se centra en el desarrollo del juicio y en cómo este caso podría influir en futuras interacciones entre ciudadanos y fuerzas policiales durante eventos públicos.

En Colombia, durante las movilizaciones nacionales de abril de 2021, Leidy Cadena sufrió la pérdida de la visión en su ojo derecho a causa de una bala de goma utilizada por la policía. Este incidente marcó el inicio del activismo de Cadena contra el uso policial de armas consideradas menos letales.

“Las balas de goma que utiliza la policía nos marcan la cara y la cara es algo que no se puede ocultar”, dijo Cadena en una entrevista con la BBC.

Actualmente, es figura central de una campaña promovida por 30 organizaciones no gubernamentales, incluyendo Amnistía Internacional y la ONG colombiana Temblores, que busca un tratado internacional para prohibir este tipo de armamento.

La campaña surgió en un contexto en el que, tras la elección de Gustavo Petro como presidente en 2022, se han tomado medidas como la suspensión del uso de escopetas de perdigones y el renombramiento del cuerpo encargado a Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en Colombia.

Estas acciones destacan un cambio de enfoque hacia una gestión más humana del orden público. A pesar de estas medidas, la policía colombiana defiende el uso de estas armas, amparándose en normativas de Naciones Unidas que permiten su empleo bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad.

La problemática no es exclusiva de Colombia; en países como Chile y Perú también se han reportado lesiones oculares graves entre manifestantes debido a enfrentamientos con la policía. Este tipo de incidentes ha generado un debate internacional sobre la necesidad de reevaluar el uso de armas menos letales y buscar estrategias alternativas para el manejo de protestas y movilizaciones.

Naciones Unidas ha emitido manuales que buscan regular este uso, enfatizando la importancia de aplicar medidas menos nocivas antes de recurrir a la fuerza.

Leidy Cadena, con su testimonio y liderazgo en esta iniciativa, representa un movimiento global que reclama cambios significativos en las prácticas de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los ciudadanos. Su historia y activismo ilustran el impacto personal y colectivo que tienen las políticas de seguridad y su implementación en la vida de las personas.