El Ministerio de Salud publicó en su página web, en la semana del 22 de abril, un borrador de decreto que está generando controversia en el país. El documento aborda uno de los temas más discutidos en el ámbito de la salud: el manual tarifario.

Este manual establece una lista detallada de los valores que tienen ciertas intervenciones, exámenes médicos y atención médica, que se pagarían a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Sin embargo, la nueva propuesta indica valores mucho menores con respecto a los actuales en algunos procedimiento médicos.

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El desacuerdo de expertos, personal de salud y políticos no solo se centra el el costo, por ejemplo, de exámenes como los TAC, procedimiento por el que pasarán de pagar $725.400 a cerca de $200.000 a las instituciones que prestan los servicios, pues las inconformidades también gira alrededor de otras normas relacionadas con la atención.

Ese es el caso de las tarifas por cuidados intensivos. Según el borrador, si un paciente operado necesita recuperación en cuidados intensivos durante menos de 24 horas, se pagaría solo la mitad de la tarifa correspondiente.

Esta medida ha generado reacciones negativas, la senadora Paloma Valencia expresó su preocupación al respecto: “como si el valor de ocupar una cama variara por el origen de la necesidad”.

En ese mismo sentido, Valencia también mostró otra de las disposiciones controversiales: en caso de fallecimiento del paciente, solo se girará el 70% del costo total del procedimiento.

“Pagar menos si el paciente fallece es una especie de sanción, como si el médico y el hospital no estuvieran haciendo todo por mantener con vida al paciente”, dijo la senadora.

La crítica se centra en la percepción de que estas tarifas pueden afectar negativamente la calidad de la atención médica y el incentivo para brindar cuidados adecuados. Lo anterior porque afectaría el presupuesto de las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud), por lo que tendrían que haber recortes y los trabajadores buscarían empleo en otros centros de salud que paguen lo adecuado por procedimiento.

A inicios de abril el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que este manual ha sido objeto de varias adecuaciones significativas. Contrario a lo expresado por expertos, Martínez destacó que el objetivo era cubrir los costos operativos y dejar un margen para reinvertir en la capacitación del personal, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio de salud.

Por su parte, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, mostró su preocupación por lo establecido en dicho texto. “El manual tarifario que publicó el Ministerio de Salud, de ser adoptado, llevaría a muchos hospitales a la quiebra con consecuencias nefastas sobre la atención. Parece diseñado como una venganza contra las IPS privadas”, escribió en su cuenta de X.

El debate sobre el borrador del decreto está en marcha, con distintos actores expresando sus preocupaciones y opiniones al respecto. Se espera que el Ministerio de Salud considere estas observaciones y realice ajustes antes de la implementación final del manual tarifario. Sin embargo, en la noche del 23 de abril el Ministerio eliminó el borrador de su página web, lo que ha causado confusión sobre si será ese el que pasará o si habrá modificaciones.

El borrador establecía en su artículo 7 que las nuevas tarifas se deben aplicar de manera obligatoria a partir de la fecha de su publicación oficial; mientras que en otros casos, deben implementarse dentro de los tres meses siguientes a dicha publicación.