Admiten demanda del exministro de justicia Wilson Ruiz contra decreto del Gobierno: esto es lo que pide

En la tarde del miércoles 24 de abril de 2024, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que interpuso el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela para que se garantice la protección a la población civil en medio de las acciones militares contra las disidencias de las Farc-EP.

Así lo confirmó el exministro en una publicación en su cuenta de X en la que se refirió a la demanda, pues aseguró que: “La lucha es desde la Constitución y la Ley, actuaremos bajo todos los parámetros y mecanismos que dispone la justicia para la defensa de los derechos de los colombianos”.

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Junto a la publicación de Ruiz Ojeda, fue compartido un comunicado de prensa en el que se explicó que la pretensión de la demanda es que se cumpla el artículo 7 del Decreto 1684 del 16 de octubre de 2023.

El 16 de octubre de 2023, el Gobierno firmó el decreto con el que se ordenó el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, el cual fue uno de los resultados de la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Por lo tanto, en el artículo séptimo se especifica la forma en la que las operaciones de la fuerza pública deben respetar a la población civil en el contexto del cese al fuego.

En el artículo de dicho decreto se lee: “ARTÍCULO 7°. La suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía Nacional se realizará sin perjuicio del cumplimiento de la obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”.

En el parágrafo primero del artículo séptimo se agrega que, aunque hay un cese al fuego con el EMC, la fuerza pública no suspenderá las acciones militares que desarrolla en contra de las economías ilegales.

Por su parte, en el parágrafo 2 se lee que los integrantes de la fuerza pública deben cumplir con la Constitución Política y demás normas internas; como también, “respetar los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sus actuaciones estarán enmarcadas en el principio de buena fe”.

El 17 de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del cese al fuego bilateral con las FARC-EP, una medida que tomó luego de los hechos violentos que se registraron Toribío, Cauca, el 16 de marzo de 2024.

El ataque por parte de las disidencias dejó un saldo de una persona fallecida y dos heridos, por lo tanto, el primer mandatario suspendió el pacto de paz que entró en vigor el 14 de enero de 2024 y que se extendía por seis meses hasta el 15 de julio.

A través del Decreto 0385 de 2024, el Gobierno nacional anunció la decisión: “Suspender el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial (CFBTNT) entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”

En el documento se lee que el EMC, en varios departamentos, incumplió con los acuerdos pactados en la Mesa de Diálogo, dado que atacaron a la población civil, autoridades civiles y a integrantes de la fuerza pública.

“El Estado Mayor Central de las FARC-EP, presente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, ha incumplido los presupuestos fundamentales del CFBTNT pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la fuerza pública, y evidenciando poca voluntad de paz”, acota el documento.