Qué ha pasado con la EPS Sanitas después de la intervención: esto dice el primer informe del interventor

Duver Vargas Rojas, el agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para EPS Sanitas, reveló los avances iniciales derivados de la intervención administrativa impuesta a la entidad el 2 de abril del presente año.

En un esfuerzo por abordar las quejas predominantes de los usuarios, se ha puesto especial énfasis en mejorar los tiempos de espera para el agendamiento de citas y la entrega de medicamentos.

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“Estamos trabajando para disminuir los tiempos de espera y responder a las necesidades de los afiliados”, destacó Vargas Rojas, subrayando el compromiso con el bienestar de los usuarios de Sanitas que, mensualmente, involucra el manejo de aproximadamente 950 solicitudes diarias en sus puntos de atención, donde se atiende a una media de veinte mil personas.

Desde su nombramiento, Vargas Rojas ha emprendido la tarea de realizar un diagnóstico integral que permita identificar con precisión el estado actual de Sanitas y establecer “una serie de medidas de contención” orientadas a mitigar el crecimiento de los indicadores de reclamaciones de la entidad.

Esta acción respondió directamente a las causas que motivaron la intervención por parte de la Supersalud, con el fin de asegurar la eficiencia y calidad en el servicio ofrecido a los afiliados.

Durante una fase de diagnóstico inicial, se realizaron visitas a las principales oficinas de Sanitas en Bogotá, una ciudad que concentra el 40% de las quejas presentadas. “Venimos estructurando una serie de acciones para descongestionar el proceso”, señaló Vargas Rojas, enfatizando en la necesidad de una respuesta “oportuna, integral y de calidad” para los usuarios.

A corto plazo, el principal desafío identificado por el interventor es el fortalecimiento de los canales de atención, con la intención de cerrar las brechas que actualmente afectan al 89% de los afiliados inscritos en el régimen contributivo. Vargas ha subrayado la importancia de esta iniciativa para mejorar la experiencia de todos los usuarios de Sanitas, asegurando que “la brecha de atención a los afiliados es una prioridad inmediata”.

”Queremos interactuar con nuestros colaboradores pero también con nuestros afiliados con la única finalidad de poder conocer de primera mano cuáles son las principales dificultades con el tema del acceso a ala salud, trámites administrativos y poder incluirlos dentro de nuestro plan estratégico para poderlos resolver en el menor tiempo posible”, señaló el interventor.

Aseguró que las “reclamaciones más recurrentes están relacionadas con la oportunidad en el agendamiento de citas y entrega de medicamentos, por eso estamos trabajando para disminuir los tiempos de espera y responder a las necesidades de los afiliados”.

Esta intervención administrativa, que cumplirá un mes el 2 de mayo, ya ha comenzado a esbozar, según el agente interventor, un horizonte de mejora en la prestación de servicios de EPS Sanitas. A través de estas medidas iniciales y el diagnóstico integral que está en curso, se espera no solo abordar eficazmente las quejas de los usuarios sino también restablecer la confianza en la capacidad de la entidad para satisfacer las necesidades de salud de sus afiliados de manera oportuna y eficiente.

La intervención a la EPS Sanitas, propiedad del grupo Keralty, encendió un intenso debate en el sector salud de Colombia, destacándose la denuncia penal interpuesta por Juan David Riveros, abogado del conglomerado, ante la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud es “ilegal”.

Riveros argumentó que la acción es cuestionable y solicita una revisión judicial urgente para evaluar la suspensión de esta medida. “Hemos pedido en la denuncia que una vez acredite lo que creemos que es evidente, un acto manifiesto ilegal, convoque una audiencia ante los jueces penales para tener la posibilidad de suspender la medida,” expresó el abogado.

Además, el representante legal de Keralty ha criticado al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, instando a su recusación por considerar que existe un impedimento evidente para llevar adelante la intervención, dadas sus manifestaciones en redes sociales. Según Riveros, estas publicaciones demostrarían una clara animadversión hacia Sanitas y su modelo de salud, poniendo en duda la imparcialidad del superintendente. “Estaba impedido” para ejecutar la intervención a la EPS, destacó, aludiendo a la falta de objetividad por parte de Leal.