Para el 22 de abril de 2024, el nivel de los embalses del país, necesarios para el suministro de energía, se encontraba en un 29,5%, lo que representa un incremento del 1% con respecto a la semana anterior. Aunque los ministerios de Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible indican que hay una “importante recuperación”, aún se debe continuar ahorrando energía y agua.
De acuerdo con declaraciones que brindó a Noticias Caracol el ministro de Minas, Andrés Camacho, no hay un riesgo inminente de un apagón en Colombia. No obstante, en el departamento del Atlántico algunos gremios han manifestado preocupación por un posible racionamiento de energía, que tendría consecuencias graves en el comercio.
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De acuerdo con el presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda, en conversación con El Heraldo, la rentabilidad del sector puede verse afectada, porque los ciclos de producción se alteran cuando hay un apagón. Esto quiere decir, que los costos de los procesos aumentan y, además, se pueden presentar incumplimientos a los clientes por la carencia de energía.
En el caso de establecimientos comerciales, como restaurantes y tiendas, la falta de energía podría llevar a su cierre, debido a las dificultades que enfrentarían en las ventas y en las utilidades que dejaría la prestación de los servicios. De hecho, según la directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico (CEO), Diana Cantillo, un apagón generaría consecuencias a largo plazo, puesto que las compañías extranjeras perderían confianza en el departamento.
De igual manera, las empresas dedicadas a la venta de alimentos y bebidas se verían expuestas a la pérdida de sus productos, sobre todo aquellos que son perecederos y que deben mantener una cadena ininterrumpida de frío.
En el sector de la salud, los medicamentos y elementos que requieren de energía para su correcto almacenamiento también se echarían a perder. Esto no solo tendría consecuencias para la alimentación de los habitantes, sino también para la salud de las personas.
“Un posible racionamiento podría afectar en general la normal operación de las empresas, sus presupuestos y la debida atención del cliente. Por ello, insistimos en la apropiación de conductas que nos permitan el ahorro de energía y agua, implementar procesos sostenibles que perduren en el tiempo y permitan mitigar el impacto del cambio climático”, precisó la directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, Yilda Castro, al medio citado.
Teniendo en cuenta la necesidad de ahorrar en el consumo de energía, el Gobierno nacional anunció sanciones que se evidenciarán en el recibo de la luz para aquellos que gasten más de lo que deben. El incremento en el precio a pagar por el servicio está dividido por estratos:
- Estratos 1 y 3: tendrán un sobrecosto del 30% por cada kilovatio hora (kV/h) que excedan en el consumo.
- Estratos 4 y 6: tendrán un incremento del 50% por cada kV/h.
- Sector comercial e industrial: se les aplicará un aumento del 100% por cada kV/h.
No obstante, los gremios están evaluando las posibilidades que tienen en caso de tener que enfrentarse a un racionamiento de energía. Sin embargo, las medidas que se han planteado impactan también la economía de las empresas y de los consumidores de productos y servicios.
“Para mitigar el fuerte impacto de esta situación se pueden comprar plantas de generación de energía, pero ello implica costos en esos equipos y en compra de combustible para que funcionen, aumentando los niveles de contaminación del aire y de ruido. Y sabemos que cualquier incremento en costos lleva a alzas en los precios de los productos y servicios, aumentando la inflación y afectando la economía de hogares y empresas”, señaló Efraín Cepeda a El Heraldo.