Luego del revuelo que causó el más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que mencionó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, como parte de los casos de corrupción que se registraron en el país durante 2023, el despacho norteamericano se refirió el martes 23 de abril de 2024 a este suceso. Y explicó los motivos de la inclusión.
A través de su portavoz Vedant Patel y frente a la consulta hecha por Noticias Caracol, la dependencia explicó que esta reseña hace parte del compilado que entregó el despacho embajador del país norteamericano en Colombia, Francisco Palmieri, sobre la cual se hizo el reporte que tiene en la mira al primogénito del jefe de Estado: que afronta un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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A su vez, en lo que respecta a si desde territorio estadounidense se tiene información sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Petro, la respuesta fue contundente. “Lo que puedo decir sobre las entradas en el informe es que nos parecen creíbles y por eso es que las hemos incluido”, indicó Patel, lo que desató reacciones en redes sociales sobre este asunto.
¿Qué dijo el Departamento de Estado sobre Nicolás Petro?
En el documento, presentado por el despacho del secretario Anthony Blinken, en el que se desarrolla el tema de derechos humanos en Colombia, hay un capítulo denominado Corrupción en el Gobierno, en el que se hizo énfasis en los líos judiciales que afronta no solo el hijo mayor de Gustavo Petro; también su hermano, Juan Fernando, acusado de presuntamente pedir prebendas para favorecer a extraditables.
“La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”, se leyó en el informe, que —tal como lo explicó el portavoz Patel— cuentan con credibilidad por parte de los organismos norteamericanos.
Esta mención no cayó bien entre los sectores oficialistas, que salieron a las redes sociales a defender la gestión del Gobierno nacional. Y es que en el documento se estableció lo que sería una presunta desviación de recursos del fondo del acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que evitó que se llevara a cabo una adecuada implementación del mismo.
“Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, se especificó en el informe.
Es válido precisar que en el reporte también se menciona las investigaciones que afrontan congresistas y altos funcionarios de Gobierno, se iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara. A su vez de “36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”.
El informe goza de amplia credibilidad y es insumo para que el Congreso de los Estados Unidos determine los rubros que gira a los países de América y otras partes del mundo en sus programas de colaboración. Siendo Colombia uno de los que más genera preocupación para la administración del presidente Joe Biden, al ser considerado un aliado estratégico en la región, en la lucha antidrogas y otras políticas.
“No hubo cambios significativos en la situación durante el año”, fue la principal conclusión en lo que respecta a la situación en el territorio nacional, lo que desató los cuestionamientos de parlamentarios de diferentes vertientes, que hicieron mella en la forma cómo desde EE. UU. están viendo al Gobierno Petro. Y las repercusiones que podría traer en la relación bilateral y el apoyo económico que llega desde el norte.