La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión del proceso de selección llevado a cabo por el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes, el cual busca la contratación de servicios para el fomento y la difusión del patrimonio cultural colombiano, así como para la gestión de actividades en los museos Nacional Rafael Núñez y Antonio Nariño, entre otros.
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Esta solicitud se debe a varios riesgos identificados durante la adjudicación de dicha invitación pública, la cual resultó en la selección de la Fundación Arteria con un puntaje de 69.30, de acuerdo con el informe de evaluación correspondiente.
La raíz de las anomalías detectadas en el proceso de licitación parece residir en la expedición de la Resolución 291 del 3 de abril de 2024 por parte del Ministerio de las Culturas. Esta resolución derogó, sin justificación aparente, la Resolución 0225 del 19 de marzo, que había adjudicado el contrato, valorado en más de 14 mil millones de pesos, a la Fundación Arteria.
El equipo liderado por el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia administrativa, señaló, tras una revisión documental, que la acción del ministerio podría haber infringido principios básicos de contratación pública, como la economía, igualdad, selección objetiva, transparencia y buena fe, al revocar la adjudicación sin motivaciones claras.
Más aún, el ente de control ha destacado la posible emisión de un acto administrativo carente de motivación legítima por parte del Ministerio, lo que representaría una vulneración directa de los principios de contratación. Ante este panorama, el delegado ha concluido que el proceso de selección debe ser suspendido hasta que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lleve a cabo un análisis detallado de las advertencias emitidas por la Procuraduría, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y principios relacionados con la contratación estatal.
Ente de control pone la lupa a irregularidades en un contrato de construcción
La Procuraduría ha realizado un urgente llamamiento a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, y a la secretaria de Infraestructura, Ginna Paola Reinoso Merchán, exigiéndoles una rápida respuesta ante varias preocupaciones expresadas por este ente de control relacionadas con aparentes irregularidades en el contrato para la construcción de la fase 1 del puente elevado sobre la carrera 5ª y sus interconexiones.
Este requerimiento surge a raíz de una visita reciente de la Procuraduría durante la cual se revisaron informes de interventoría correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Estos documentos ponen en evidencia que la interventoría ha solicitado acciones sancionatorias contra el consorcio responsable de la obra, el Consorcio Puente Carrera 5, por no cumplir reiteradamente con sus obligaciones contractuales. Entre las faltas destacan el lento avance en la ejecución de la obra, el manejo inadecuado del anticipo desembolsado, así como incumplimientos en materia de seguridad social, normativa de seguridad y salud en el trabajo, prestaciones laborales y retrasos en los pagos y en la entrega de información y documentación necesaria.
Frente a estas preocupaciones, el ministerio Público ha solicitado a las autoridades locales informar sobre las medidas tomadas para asegurar la adecuada ejecución del contrato. Esto incluye la posibilidad de haber iniciado procedimientos para aplicar cláusulas excepcionales, imponer multas o sanciones y ejecutar la cláusula penal pertinente.
Además, las funcionarias deben reportar sobre las ocasiones en que la entidad ha hecho requerimientos al contratista, si se ha intentado reclamar a la compañía aseguradora por incumplimientos y cómo se ha gestionado y utilizado el anticipo desembolsado de $ 2.950′442.020,75, del total previsto por un valor aproximado de $ 12.000 millones.
Este último requerimiento de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué se suma a una serie de advertencias previas emitidas en relación con este contrato, destacando un patrón de preocupación constante por parte del ente de control sobre el manejo y desarrollo de este importante proyecto infraestructural en la ciudad.