La Procuraduría General de la Nación se pronunció tras la escalada de violencia en el departamento del Cauca, donde persiste el conflicto por constantes combates entre el Ejército y disidencias de las Farc, lo que termina afectando los derechos de funcionarios del Estado y de la población civil.
El más reciente hecho de violencia se registró en la noche del 19 de abril, cuando se conoció que fueron secuestrados tres personas, entre ellas, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en Santander de Quilichao. A través de un comunicado a la opinión pública, las disidencias se atribuyeron el hecho.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Ante este panorama, el Ministerio Público hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pidiendo su intervención inmediata frente a la crisis humanitaria que se viene presentando en el Cauca.
El procurador dlegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó al ministro de Defensa Nacional, al gobernador del departamento del Cauca, al comandante de la Tercera División del Ejército y al comandante del Departamento de Policía del Cauca, un informe sobre las acciones que se han desplegado desde cada una de sus entidades a cargo en relación con la ola de violencia que se está viviendo en el departamento del Cauca en los últimos días.
El requerimiento se hace luego de que, en el Consejo de Seguridad realizado el pasado 12 de abril en la Gobernación del Cauca, los alcaldes de Miranda, Corinto y Caloto solicitaran el apoyo del Gobierno nacional frente a la situación que enfrentan y manifestaran que no han sido tenidos en cuenta en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con las disidencias Farc.
“Solicitamos al Gobierno nacional escuchar a los entes territoriales de este departamento, quienes son los primeros respondientes en los territorios y requieren apoyo por parte de las entidades del orden nacional para contrarrestar las situaciones de orden público que se presenten”, aseguró Sarmiento.
De acuerdo con el ente de control disciplinario, solo entre el 11 y 13 de abril de 2024 se vivió una oleada de terror en el Cauca: en Corinto se registró un hostigamiento contra la estación de policía, en Miranda se explotó un carro bomba, en Caloto se dio un enfrentamiento entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc, en el municipio de Guachené atacaron con explosivos la estación de policía y en el municipio de Cajibío activaron un artefacto explosivo sobre la vía Panamericana. Estas situaciones afectaron varias viviendas y dejaron un numeroso saldo de personas heridas.
“El temor y la incertidumbre invaden a la población civil del departamento del Cauca, por lo cual, desde la Procuraduría, como garantes de la institucionalidad y el respeto por los derechos humanos, continuaremos desplegando todas nuestras capacidades humanas, mecanismos de acompañamiento, seguimiento y vigilancia a los escenarios de riesgo, para garantizar la vida y derechos de esta comunidad”, añadió el procurador delegado para los Derechos Humanos.
Defensoría exigió a las disidencias liberar a funcionarios del CTI secuestrados en Cauca
Mediante un comunicado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó el secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y una mujer en el departamento del Cauca. El jefe de la entidad defensora de los derechos humanos exigió a las disidencias de las Farc la liberación de estas personas e hizo un llamado al Gobierno: “Exhortamos a autoridades nacionales y regionales a proteger la vía Panamericana Pasto - Popayán, cuyo bloqueo hace que la población civil busque vías alternas, convirtiéndose en blanco para los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Cauca”.
De la misma forma, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia pidió la pronta liberación de los tres secuestrados en Cauca, enfatizando en la urgencia de garantizar su bienestar y seguridad. Las víctimas fueron identificadas como María Yeni Ruíz, la mujer que se movilizaba en una camioneta, y los dos funcionarios del CTI Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rene Rivera Fernández.
“Urgimos que se respete la vida y la integridad de estas tres personas. Solicitamos a quienes los tengan en su poder que los liberen, de inmediato, sanos y salvos”, dijo el organismo en su cuenta de X (antes Twitter).