Quiénes participarán en la marcha del 21 de abril en contra de las políticas del Gobierno Petro

El 21 de abril se tiene programada una gran movilización nacional en Colombia contra las políticas del Gobierno de Gustavo Petro.

Esta protesta, inicialmente impulsada por partidos políticos de la oposición, ha logrado captar el apoyo de diversos gremios de la sociedad, incluyendo personalidades del ámbito político, el sector salud y transportadores, que han expresado su desacuerdo con las actuales direcciones gubernamentales.

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Los llamados a esta manifestación evidencian una creciente insatisfacción con las reformas sociales propuestas por el ejecutivo, entre ellas, la del sistema de salud. Algunas figuras políticas como Juan Manuel Galán, director del Partido Nuevo Liberalismo, y Alejandro Gaviria, exministro de Educación bajo la administración de Petro, han confirmado su participación en la protesta, señalando una masiva expresión de descontento a nivel nacional.

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, manifestó que apoyará la manifestación en contra de las políticas de Petro: “La gente está indignada y siente que el ejecutivo está intentando imponer unas reformas a las buenas o a las malas”, dijo Galán.

Así mismo, Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá y excandidato a la Alcaldía de la ciudad, se refirió a la existencia de contradicciones en la gestión del gobierno como motor de su movilización.

“Desafortunadamente hemos encontrado una contradicción en la gestión del gobierno y por eso queremos expresarnos este próximo domingo”, manifestó el exdirector del Dane.

Entre los profesionales de la salud, se destaca la movilización denominada “marcha de batas blancas”, liderada por voceros como María Carolina Pérez de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Sus demandas se centran en la consideración hacia el talento humano del sector frente a los cambios en la reforma sanitaria propuesta, subrayando las necesidades y dolencias del sistema desde su experiencia.

“La defensa y el derecho fundamental a la salud. Lo haré en compañía de la asociación de pacientes y de los médicos, para llamar la atención de Petro”, manifestó el exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Por su parte desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dijeron: “Para los cambios en la reforma a la salud deben tener en cuenta al talento humano que está detrás, ya que nosotros somos los actores principales del sistema y sabemos cuáles son sus dolencias y sus necesidades”.

El gremio de transportadores, representado por Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, también anunció su participación. La preocupación principal de este sector radica en las políticas implementadas por el actual gobierno, argumentando la necesidad de cambios que beneficien el conjunto de los trabajadores colombianos, acentuando temas de seguridad vial y garantías laborales.

“Tenemos que salir a marchar para que estas políticas que está implementado este gobierno cambien y sean en beneficio de todos los colombianos que trabajamos”, dijo el líder del gremio transportador.

Este fenómeno de unión entre distintas voces de la sociedad frente a políticas gubernamentales resulta en una demostración palpable de la diversidad de preocupaciones presentes en la población colombiana. La convergencia de críticas hacia el manejo del gobierno de Petro, desde la gestión de reformas hasta el enfoque en la salud y el trabajo, refleja un momento significativo de diálogo nacional en el país.

El domingo 21 de abril, Colombia será escenario de masivas protestas en contra de la administración del presidente Gustavo Petro. La “Marcha de las batas blancas” inicialmente impulsada por la oposición, ha logrado sumar a diversos sectores por una variedad de causas, señalando una amplia disconformidad con el actual gobierno.

Los principales motivos incluyen la crisis del sistema de salud, la controversial propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y el manejo del orden público en el país.

La protesta surge en un contexto crítico, especialmente tras el fracaso de la reforma de salud en la Comisión VII del Senado, lo que llevó a la intervención de las EPS más grandes de Colombia. Esta medida, descrita por la Superintendencia de Salud como una acción preventiva ante un posible colapso financiero de estas entidades, ha sido solo uno de los detonantes.

Cambio Radical, una de las voces críticas, destacó que esta crisis es solo el principio de problemas mayores impulsados por el gobierno, al cual acusan de anteponer intereses políticos sobre el bienestar de la población.

La propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente exacerbó las tensiones, alimentando el temor de que esta iniciativa pueda utilizarse para impulsar reformas estancadas en el Congreso o, en el peor de los casos, abrir la puerta a una reelección.

Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el gobierno actuará conforme a la ley, dichas declaraciones no han logrado disipar completamente la inquietud que se ha instalado entre la ciudadanía y la oposición.

Personajes políticos de distintas tendencias, desde el Centro Democrático hasta la Alianza Verde, junto con exministros y organizaciones médicas como la Asociación Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), anunciaron su participación en las protestas.

Este amplio espectro de voces críticas refleja un descontento que trasciende lo estrictamente político, abarcando preocupaciones sobre el sistema de salud, la seguridad y el manejo de recursos básicos como el agua y la energía.

La convocatoria a estas manifestaciones no solo se lee como un desafío a las políticas del presidente Petro sino también como un pulso sobre la dirección que el país está tomando bajo su liderazgo.

A esto se suma una caída en los índices de favorabilidad del presidente, con una reciente encuesta de Invamer Poll revelando que el 60% de los encuestados desaprueba su gestión. Este escenario sitúa a las marchas del 21 de abril no solo como una medida de la disconformidad popular sino como un posible indicador del futuro político del país.