Defensores de Derechos Humanos alertan por amenaza de “limpieza social” en el oriente de Antioquia

Comunidades de Granada, en el oriente antioqueño, han denunciado la intrusión de individuos que se identifican como miembros del Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), durante sus encuentros comunitarios y sociales. Estos sujetos, que aparecen sin ser invitados, anunciaron la ejecución de asesinatos selectivos como parte de una supuesta “limpieza social” en la zona.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y portavoz de la Fundación Sumapaz, expresó que esta situación está sembrando terror y consternación entre los habitantes, dado que los intrusos han declarado su intención de “permanecer” en la población.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ante estos hechos, el defensor de derechos humanos hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera efectiva con el fin de detener estas actividades y evitar que las estructuras armadas comprometan la seguridad y bienestar de la población local.

Zapata también recalcó que no es la primera ocasión en que se advierte sobre actos de “limpieza social” en Granada. Rememoró que en 2021 se llevaron a cabo varios asesinatos selectivos contra individuos señalados de consumir sustancias psicoactivas.

Además, el defensor vinculó estos sucesos con una serie de acciones que incluyen la apertura de rutas ilegales para el tráfico de drogas hacia municipios cercanos como Guatapé y El Peñol, la reapertura de minas clausuradas hace años y el emplazamiento de maquinaria para la explotación minera ilegal en las riberas del río Calderas.

Zapata añadió que en otros municipios del oriente antioqueño, tales como Abejorral, San Carlos, San Luis y Cocorná, se han registrado incidentes parecidos. Todo esto podría indicar un plan de expansión y fortalecimiento por parte del Clan del Golfo en esta subregión antioqueña, poniendo en riesgo la paz y seguridad de sus comunidades.

Los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, en Córdoba, también enfrentan una situación crítica debido a la presencia y actividades de grupos armados ilegales, entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Esta circunstancia pone en serio riesgo a la población civil, como consecuencia de la expansión del narcotráfico, el uso del territorio para el tránsito y refugio de estos grupos, la generación de ingresos ilícitos, las disputas territoriales entre esta estructura criminal y bandas de delincuencia organizada local, y las venganzas entre grupos de “limpieza social”. Ante esta realidad alarmante, la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 011 de 2024.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por la posible comisión de infracciones al derecho internacional humanitario debido a las acciones indiscriminadas de estos grupos armados ilegales.

Esta alerta también responde a la necesidad de proteger a las comunidades indígenas Zenú, residentes en estos municipios, que tienen profundos lazos ancestrales y culturales con diversas localidades en Sucre, donde se han identificado riesgos similares para los habitantes.

El avance violento del ‘Frente Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo desde Montería, Cereté y Planeta Rica hacia el Medio Sinú y las Sabanas tiene como objetivo crear “zonas seguras” para sus operaciones criminales y establecer nuevos corredores de movilidad que conecten con el Bajo Cauca antioqueño y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.

Esta dinámica ha provocado un enfrentamiento asimétrico entre dos frentes del Clan del Golfo, en alianza con otros grupos ilegales que ofrecen seguridad frente a bandas de delincuencia común con una larga presencia en el área.

La presencia de estos grupos armados ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades locales, líderes comunales, colectivos estigmatizados socialmente, víctimas de conflicto y personas asociadas a los grupos en conflicto. Además, se han reportado restricciones a la movilidad, ataques contra misiones médicas y otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).