Revocaron sanción contra el gobernador del Atlántico Eduardo Verano: le impusieron una multa de $13 millones

La sanción impuesta sobre el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, que consistía en una condena de arresto de cinco días y una multa de $13 millones por el incumplimiento de un fallo, fue revocada por un fallo del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla.

La decisión proviene después de que la Gobernación del departamento presentara evidencia suficiente de haber acatado la sentencia relacionada con un nombramiento exigido por una tutela.

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Este nombramiento, ordenado a favor de Carmen Elisa Luna Rodríguez para un puesto técnico administrativo, fue confirmado y ejecutado después de recibir la autorización pertinente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), despejando así al gobernador de las acusaciones de desacato.

El trasfondo de esta situación se origina en un proceso legal que exigía la incorporación de Rodríguez a un cargo en la administración del Atlántico, un requerimiento que fue concedido tras la victoria en un concurso.

“Dicho nombramiento era en calidad de concurso para un cargo de carrera técnico-administrativo en la Gobernación del Atlántico”, manifestaron desde la Gobernación del departamento que para la fecha en la que se dio el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla a la que en ese entonces era la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

Ante esto, la Gobernación comunicó que, aunque el fallo inicial para este nombramiento se dictó en noviembre de 2023, el cargo no pudo oficializarse hasta el 9 de febrero del año en curso, esperando la aprobación de la Cnsc. Este retraso se atribuyó a la rigurosidad de los requisitos establecidos por este organismo central, encargado de regular la carrera administrativa en Colombia, una nación caracterizada por su sistema centralizado.

“Pues solo hasta el 9 de febrero del presente año, llegó la autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) para proceder al nombramiento de la persona”, dice el comunicado de la Gobernación.

“Es importante resaltar que Colombia es un país centralista donde la carrera administrativa es manejada por un órgano central del Estado que es la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc)”, agregaron.

Además, se aclaró que hubo complicaciones previas relacionadas con el cumplimiento de los criterios exigidos por la Cnsc, lo cual impidió que se llevara a cabo el nombramiento en administraciones anteriores. Sin embargo, una vez resueltas estas discrepancias, se procedió adecuadamente con el nombramiento en concordancia con las directrices judiciales. La administración departamental enfatizó su compromiso con la ejecución de las órdenes judiciales, subrayando que el nombramiento efectuado demuestra su adhesión a las leyes y regulaciones vigentes.

Este caso pone de relieve la importancia del cumplimiento de las decisiones judiciales dentro de la administración pública y el papel de la Cnsc en la supervisión de los procesos de nombramiento en el sector público de Colombia.

Frente a las preocupaciones sobre la falta de contratación de personal que viene laborando en la Gobernación del Atlántico, el secretario Rachid Nader ofreció respuestas detalladas sobre este tema. En entrevista con Caracol Radio, Nader explicó que las decisiones de contratación se toman basadas en las necesidades específicas y financieras de la administración, siguiendo una política de austeridad promovida por el gobernador.

El secretario declaró que los contratos de prestación de servicios, que incluyen labores profesionales y de apoyo, solo se otorgan cuando se identifica que el personal existente no cuenta con las capacidades o especializaciones necesarias para ciertas tareas. Este procedimiento, según Nader, está condicionado a disponer de suficiente respaldo financiero y cumplir con las necesidades administrativas actuales.

Así mismo, mencionó que enfrentan restricciones presupuestarias, lo cual ha condicionado la emisión de nuevos contratos hasta obtener las aprobaciones requeridas para “movimientos de presupuesto” por parte de la Asamblea del Atlántico.

“Los contratos de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión, son viables en la medida que se demuestre que la planta de personal no es suficiente ni especializada para desarrollar ciertas funciones, con base a ello es que se hacen los contratos. La visión que tiene el gobernador es la mayor austeridad en el gasto”

La problemática fue resaltada por Alfredo Varela, diputado del Atlántico, que mostró su preocupación por aquellos trabajadores que han estado activos los últimos meses sin contar con contratos formales.

Este asunto también fue señalado por el congresista de Barranquilla, Gersel Pérez, quien criticó la falta de atención hacia el personal afectado. Los comentarios de ambos políticos subrayan la necesidad de una solución pronta para resolver las inquietudes contractuales en la Gobernación.

Según la explicación de Nader, para avanzar con las contrataciones pendientes es crucial que la Asamblea del Atlántico apruebe las modificaciones presupuestarias propuestas. Este paso es necesario para ajustar los fondos disponibles y cumplir con las directrices establecidas por una sentencia de la Corte Constitucional, la cual estipula que todo cambio en el presupuesto debe contar con el aval de dicha asamblea.