Durante un debate de control político llevado a cabo en la Comisión Primera del Senado de la república, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expuso una serie de gastos que considera excesivos por parte de Colpensiones, la entidad encargada de las pensiones públicas en el país.
Entre las cifras destacadas está un gasto de $192 millones en almuerzos para cinco miembros de su junta directiva, con un costo aproximado de $2.165.785 por comida.
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En su cuenta de X la congresista publicó: “Colpensiones habría realizado un contrato para almuerzos con el “Club de Banqueros” para los 5 miembros de la Junta Directiva, el costo de este contrato entre 2023 y 2024 fue de $192 millones de pesos. Cada almuerzo (individual) habría registrado un costo de $2.165.785″.
Los gastos mencionados por Valencia se refieren a un contrato específico con el club de Banqueros en Bogotá para el período 2023-2024, precisando que este tipo de erogaciones evidencian sobrecostos que ascendieron a más de $226.000 millones en distintos contratos renovados o establecidos por la entidad para la prestación de servicios, incluyendo el call center y terminales, entre otros, que duplican los costos previamente asignados.
En respuesta a estas afirmaciones, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defendió la transparencia y la gestión ética de la entidad, negando acusaciones de corrupción y reafirmando su compromiso con la integridad en el manejo de fondos públicos.
Así mismo, la congresista sostuvo durante su intervención en el debate: “Estos posibles sobrecostos en los contratos de Colpensiones plantean cuestionamientos importantes sobre la gestión de los ahorros pensionales de los colombianos. Los dineros de los colombianos no deben ser para burocracia ni gastos innecesarios, el presidente de Colpensiones debería darle una explicación al país. A su vez, el Gobierno en vez de estar preocupado por querer manejar los ahorros pensionales de los colombianos con una nefasta reforma pensional que deja endeudado a los jóvenes colombianos “.
Durante la sesión, Dussán enfatizó la disposición de Colpensiones a colaborar con los organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía para esclarecer cualquier duda respecto a la administración de la entidad. Adicionalmente, anunció que en la próxima semana se llevará a cabo una nueva intervención en la que proporcionará más detalles sobre el uso de los recursos de la entidad.
“Aquí estaré entregando todos los informes que sean necesarios, porque Colpensiones es la entidad social más reconocida en la historia colombiana, vamos a tener la posibilidad de tener 25 millones de colombianos y los cuidaremos como cuidamos a la niña de nuestros ojos y la ética y la moral que aprendí de maestro de escuela”, dijo el presidente de Colpensiones.
La senadora también advirtió que con el dinero de los sobrecostos que suman un monto total de $226.000 millones, pudieron haber sido destinados a un subsidio anual de $225.000 para 83.000 adultos mayores. Entre los contratos señalados se encuentra uno con Rtvc, valorado en $13.800 millones y otro relacionado con el arriendo de una nueva sede.
Además, destacó un aumento significativo en el contrato de contact center con Colpensiones, que pasó de $26.000 millones en 2020 por 23 meses a $65.000 millones en el mismo periodo, y un contrato de conectividad que escaló de $5.800 millones a $25.600 millones.
La polémica aumentó al considerar que estos incrementos no solo representan un desafío financiero sino también cuestionamientos a la eficacia y transparencia en la gestión de fondos públicos. El caso del contact center es especialmente problemático, ya que, a pesar de los cuestionamientos hacia la empresa contratante, Colpensiones negó cualquier irregularidad al responder a un cuestionario sobre el tema.
Entre tanto, el contrato de conectividad, vital para las operaciones de Colpensiones, muestra un incremento de costos difícil de justificar, pasando de $5.800 millones en 2020 por un término de 23 meses, a $25.600 millones en 2024 por 36 meses.
Estos ejemplos resaltan una problemática mayor en la administración de recursos estatales, especialmente cuando se considera el impacto directo que tales sumas podrían haber tenido en programas sociales fundamentales, como el mencionado apoyo a adultos mayores.
La falta de una justificación clara por parte de las entidades involucradas plantea interrogantes sobre la gestión y asignación eficiente de los recursos públicos, poniendo en tela de juicio los procedimientos de contratación y supervisión de estas entidades. Este caso abre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas del proceso de contratación pública, asegurando así que los fondos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población.
Con este escenario, tanto opositores como funcionarios de Colpensiones continúan enfrascados en un debate que busca esclarecer la correcta utilización de los recursos destinados a la seguridad pensional de los colombianos.
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