Congresistas llamados a rendir cuentas: “Pasan cuatro años por el Congreso y nadie sabe qué hicieron”

El proyecto de ley destinado a modificar el artículo 8 de la ley 1828 de 2017 avanzó en la plenaria de la Cámara de Representantes, con el que esperan promover la transparencia y el diálogo entre el Congreso y la ciudadanía. Con 119 votos a favor y solo uno en contra, esta iniciativa busca crear una cultura de rendición de cuentas, en la cual los congresistas sean responsables ante el pueblo al que sirven.

El objetivo fundamental de esta ley es establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer de primera mano la gestión legislativa de sus representantes. Según el proyecto, los congresistas estarán obligados a informar, explicar y dar a conocer todas sus actividades y decisiones en el Congreso, así como sus iniciativas y labores representativas.

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El representante a la Cámara Julio César Triana destacó la importancia de este proyecto para reconectar al Congreso con la comunidad. “Necesitamos seguir reconectando al Congreso con la comunidad. Ya dimos el primer paso y fue lograr que se redujera en un mes el receso legislativo. Ahora, queremos visibilizar la labor de los representantes a la Cámara y Senadores con la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, la representante Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, también celebró este cambio de paradigma, al destacar la mejora en la percepción pública del Congreso.

“En junio del 2021, el Congreso llegó a tener un índice de favorabilidad del 7%, el más bajo desde que se promulgó la Constitución del 91. Hoy, la última encuesta del Invamer, revela que este índice subió a un 26%, lo cual demuestra que este Congreso está dispuesto a cumplir con el mandato ciudadano de transparentar esta corporación”, reafirmó.

De igual manera, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje entusiasta sobre el avance de un proyecto crucial en la agenda legislativa. “Hola, amigos. Pasó por acá a no hacer ninguna crítica de nada, ni hacer ninguna denuncia de nada, sino a celebrar”, expresó Juvinao, al destacar el progreso del proyecto que busca regular la rendición de cuentas de los congresistas colombianos.

En sus palabras, Juvinao enfatizó la importancia de este proyecto para fortalecer la transparencia en el Congreso y para que los representantes del pueblo rindan cuentas de manera exhaustiva sobre su gestión. “Se acabó eso de que aquí hay congresistas que pasan cuatro años por el Congreso y nadie sabe qué hicieron”, subrayó la congresista.

El proyecto ahora se dirige hacia nuevos debates en la Comisión Primera y luego en plenaria, con el objetivo de ser aprobado antes del 20 de junio. Juvinao agradeció el apoyo de todos los partidos en la Cámara de Representantes y destacó el compromiso del representante Octavio Cardona, del Partido Liberal, que fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa.

“Seguimos trabajando para cumplir nuestras promesas de campaña y para hacer del Congreso una institución más transparente y efectiva”, concluyó la representante, al reiterar su compromiso con la reforma legislativa en Colombia.

La nueva legislación establece una serie de procedimientos para garantizar la rendición de cuentas por parte de los congresistas. En primer lugar, se mantendrá el requisito de presentar un informe de gestión anual ante la Secretaría de la Cámara, como ya contempla la ley actual. Sin embargo, se introducirán algunos ajustes significativos:

• Presentación digital y accesible: El informe se entregará de manera digital y en un formato de datos abiertos, asegurando que sea accesible para todos los ciudadanos interesados.
• Plazos claros y estrictos: El informe deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de cada legislatura y será publicado por las respectivas secretarías en los siguientes 5 días hábiles.
• Diálogo público obligatorio: Además de la presentación del informe, los congresistas estarán obligados a convocar y organizar, dentro de los siguientes 30 días calendario a la fecha de publicación del informe, un espacio de diálogo público. Esto puede ser en forma de audiencias públicas, encuentros territoriales o mesas de trabajo, tanto presenciales como virtuales.

La convocatoria de estos espacios de diálogo público deberá efectuarse con al menos 10 días de anticipación y que permita así que los ciudadanos se preparen y participen activamente en la discusión y el análisis de la gestión de sus representantes. Estas reuniones pueden llevarse a cabo de forma conjunta con bancadas, grupos, bloques, regionalizadas o en territorios, con flexibilidad para adaptarse a las necesidades y dinámicas locales.