Marelbys Meza: suspendida audiencia de imputación a policía que participó en prueba de polígrafo a exempleada de Laura Sarabia

La Fiscalía General de la Nación finalmente no pudo imputar el martes 16 de abril, ante la jueza 14 de Control de Garantías de Bogotá, al mayor de la Policía Duván Andrés Muñoz, por su participación en la diligencia en la que Marelbys Meza: exempleada de la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, que habría sido sometida -de forma ilegal- a la prueba del polígrafo.

De acuerdo con el órgano acusador, Muñoz tendría que responder por el punible de constreñimiento ilegal, toda vez que esta sesión a la que sometieron a Meza, al parecer, se efectuó producto de presiones a la exniñera del menor de Sarabia, luego de ser señalada como la principal responsable del robo de una maleta con alrededor de 7.000 dólares en su interior; aunque la mujer ha señalado que serían $150 millones.

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Y es que, de acuerdo con el registro de los hechos, el uniformado fue el que habría presionado a Meza a confesar el hurto del dinero que ocurrió el 29 de enero 2023 en la residencia de la que, por aquella época, era la jefa de Gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro. La mujer fue despojada de su teléfono móvil y posteriormente quedó durante una hora junto con el mayor de la Policía.

“La exempleada habría sido trasladada a un edificio contiguo a la Casa de Nariño, donde presuntamente la sometieron a una práctica irregular de polígrafo”, reseñó la Fiscalía desde el 4 de marzo, cuando convocó a audiencia en contra del alto oficial de la institución policial. La determinación de proceder en endilgarle el punible a Muñoz se tomó con base en el “abundante material de prueba” en su contra.

En este caso, es válido remarcar que, por ser miembro de la fuerza pública, la Justicia Penal Militar reclamó el proceso contra el mayor Muñoz. Así lo indicó el apoderado del acusado, Jorge Ramírez, que relacionó un acta del juzgado 17-02 de este sistema de justicia, del 17 de marzo, en el que se explican los términos de la solicitud del fiscal 22-03, “que son los mismos hechos por los cuales fue citado por la Fiscalía”.

Por lo que, a su juicio, existiría un conflicto de competencias. “Quiero rogarle al despacho que traslade esta petición al señor fiscal para que cumpla una orden judicial de la Justicia Penal Militar y solicite tener la competencia en el caso”, afirmó Ramírez, que se pronunció en ese sentido; sin que ello, manifestó, se trate de una estrategia de dilación en el proceso que involucra al mayor de la Policía.

Lo que fue rechazado por el abogado de la víctima, el penalista Iván Cancino, que durante el desarrollo de la diligencia en la que se imputó este delito, anunció que irán hasta las últimas consecuencias en este mediático caso; que salpica a la mano derecha del jefe de Estado. Y que no es el único en contra de su defendida, que también fue objeto de interceptaciones ilegales

“Vamos a acudir en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La justicia penal militar no puede ser el reposo de las enormes violaciones de derechos humanos que sufrió Marelbys Meza”, afirmó Cancino con un escueto, pero contundente mensaje en su perfil de X (antes Twitter), en el que develó parte de su estrategia para contrarrestar esta determinación judicial.

A este vehemente rechazo se suma el del fiscal Islén Baquero, que insistió que la competencia de la justicia ordinaria no es algo que esté en discusión. “No entiendo por qué el fiscal de la otra jurisdicción no me solicitó directamente pasar el proceso a la Justicia Penal Militar”, remarcó en su intervención, con lo que le salió al paso a los argumentos de la defensa de Duván Andrés Muñoz.

Luego de esta discusión, la jueza suspendió la diligencia y ordenó que se reanude el lunes 22 de abril, a las 9:30 a. m. La determinación busca dirimir el conflicto entre ambas jurisdicciones, en un caso en el que también está involucrado el jefe de seguridad del presidente, el coronel Carlos Feria, que será acusado el 19 de junio de los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.