Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita al país para revisar la implementación del acuerdo de paz

Desde el lunes 15 de abril inició la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), luego de que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, los invitara para evaluar cómo se encuentra la situación de violencia en Colombia.

Según explicó el relator de ese organismo, José Luis Caballero, se revisará con especial atención su impacto desde los ámbitos étnicos y de género.

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“Se va a enfocar en dos aspectos principales: en primer lugar, la implementación del acuerdo de paz de 2016 y en segundo lugar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta estatal ante esta problemática”, destacó el funcionario en una rueda de prensa.

Aparte de la capital colombiana, visitarán los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, donde tienen programado reunirse con las autoridades departamentales y municipales, al igual que con las nacionales y organizaciones de la sociedad civil, en este nuevo recorrido en el país, al que no venían desde el 2012.

A la delegación que lidera la presidenta de la Comisión IDH, la comisionada Roberta Clarke, se sumaron los comisionados Andrea Pochak, Gloria De Mees, Stuardo Ralón y Arif Bulkan y se espera que entreguen el balance preliminar de la visita el próximo viernes.

“Se busca captar la diversidad de perspectivas y experiencias respecto al impacto del continuo de la violencia en la situación de los derechos humanos, facilitando así un entendimiento más profundo y comprensivo de los desafíos y de los avances en esta materia”, indicó el relator para Colombia de ese organismo.

El Estado colombiano fue duramente criticado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizó el pasado 2 de abril en Ginebra (Suiza) por parte de la chilena Antonia Urrejola, la experta designada por ese organismo multilateral para verificar e identificar los obstáculos en la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

Aseguró que el compromiso de los gobiernos han sido variables desde el 2016, cuando la extinta guerrilla de las Farc abandonó la lucha armada, y son pocos los esfuerzos para que se mantengan en el tiempo los esfuerzos para aplicar lo acordado, en especial en la administración predecesora a la de Petro.

“En particular, conforme a indicadores objetivos, entre 2018 y 2022 (Gobierno de Iván Duque) se registró una baja implementación”, afirmó.

Urrejola criticó que no se haya elevado la implementación del acuerdo como una política de Estado, lo que ha tenido como consecuencia que la violencia persista en varias zonas del país.

“No han logrado garantizar su presencia en los territorios que dejaron las Farc, lo que ha contribuido a la expansión de otros grupos armados no estatales generadores de violencia, que se disputan el territorio por el control de las economías ilegales”, reprochó.

Urrejola, quien fue ministra de Relaciones Exteriores en Chile y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó que “entre las principales víctimas de esta nueva violencia” se encuentran integrantes de comunidades rurales y grupos étnicos, junto a defensores de derechos humanos y líderes sociales.

En su análisis, resaltó que desde noviembre de 2016, se han asesinado a más de 413 firmantes del acuerdo de paz, enfatizando la existencia de demoras en el otorgamiento y notificación de amnistías.

Urrejola también criticó la insuficiente coordinación entre instituciones y el incorrecto manejo de fondos para la implementación del acuerdo, ocasionalmente por actos de corrupción, como barreras significativas.

Adicionalmente, el documento menciona las dificultades reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de “Jesús Santrich”, exmiembro de las FARC-EP y negociador de paz, arrestado en 2018 por la fiscalía colombiana con una solicitud de extradición de EE.UU. por acusaciones de narcotráfico.

Este caso fue señalado en el informe de Urrejola como un claro ejemplo del “uso abusivo de la acción penal para socavar la confianza pública en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional”.

(Con información de EFE)