Acuerdo de Escazú: la Procuraduría ratificó que la firma del tratado se ajusta a la Constitución de Colombia

El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, reafirmó la conformidad del Acuerdo de Escazú con la Constitución colombiana. Este acuerdo, firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 países, incluido a Colombia, fue objeto de escrutinio y análisis minucioso por parte de la Procuraduría, la cual concluye que las disposiciones contenidas en él son perfectamente compatibles con el ordenamiento jurídico nacional.

Gómez, en su comunicado dirigido a la Corte Constitucional, destacó que las cláusulas del acuerdo, diseñadas para mejorar el acceso a la información, la participación ciudadana y la administración de justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se ajustan a los principios fundamentales de la ‘Constitución Ecológica’. Asimismo, enfatizó en cómo estas disposiciones complementan los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia.

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Una de las principales preocupaciones abordadas por el viceprocurador es el déficit en la gestión ambiental y la consiguiente falta de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre recursos naturales. En este sentido, Gómez destacó la importancia del Acuerdo de Escazú en la superación de esta situación, al establecer medidas que orientan y asisten al público para ejercer sus derechos de acceso a la información ambiental de manera efectiva.

En cuanto a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el viceprocurador subrayó la coherencia del acuerdo con los mandatos constitucionales al establecer un proceso abierto e inclusivo. Este proceso no solo abarca la discusión sobre el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, sino también las negociaciones internacionales con impacto ambiental significativo.

“Así como debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente”, se puede leer en el comunicado de la Procuraduría.

Uno de los aspectos cruciales resaltados por Gómez es la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú, según el viceprocurador, refuerza el deber del Estado colombiano de garantizar un entorno seguro y propicio para su labor, sin amenazas ni restricciones. Además, insta al diseño de estrategias para la defensa y protección de sus actividades.

En cuanto a la legislación nacional relacionada con el Acuerdo de Escazú, el funcionario señaló que la Ley 2273 de 2022, que aprobó el acuerdo, cumple con los mandatos constitucionales en cuanto a procedimientos parlamentarios, consulta previa e impacto fiscal. Esta ley fue diseñada para garantizar la adecuada implementación del acuerdo a nivel nacional, asegurando así su plena vigencia y efectividad.

El Acuerdo de Escazú, un hito en la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe, ha cobró relevancia como una herramienta integral para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

En su esencia, este acuerdo establece objetivos claros que permiten a las personas acceder a información ambiental relevante, ser consultadas en procesos de toma de decisiones ambientales y recurrir a la justicia en casos de afectaciones al medio ambiente. Además, promueve la defensa de los derechos de quienes protegen el medio ambiente, así como el respeto por los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Escazú es su importancia para la infancia. Al reconocer el derecho de toda persona a un ambiente sano y al desarrollo sostenible con un enfoque intergeneracional, el acuerdo garantiza los derechos de acceso y otros relacionados con sus objetivos. Además, facilita el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en los procesos de toma de decisiones ambientales y climáticos, asegurando así su participación activa en la construcción de un futuro más sostenible.