Este es el juez colombiano que tendrá la última palabra en el juicio contra Donald Trump que comienza este lunes

Con el proceso de selección del jurado, este lunes 15 de abril arrancará en Estados Unidos el histórico y esperado juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal contra un expresidente de ese país.

En otras ocasiones, la elección del jurado podría tratarse de un simple trámite, pero esta vez, el proceso tiene un gran significado político al tratarse de una figura tan divisiva como la de Trump. Los doce miembros seleccionados deberán demostrar que no tienen ningún prejuicio o idea preconcebida contra el acusado que pueda nublar su veredicto.

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La selección del jurado puede durar hasta dos semanas y los candidatos deben pasar por el escrutinio de la defensa y la Fiscalía, que investigarán los antecedentes de todos ellos para determinar si sus sentimientos podrían influir en sus decisiones.

The New York Times indicó que mientras la Fiscalía parece preferir jurados con estudios universitarios y presuntas inclinaciones progresistas, la defensa apuesta por ciudadanos con sensibilidades conservadoras, incluyendo personal de cuerpos de seguridad y personas con experiencias negativas con el sistema judicial.

Trump enfrenta acusaciones por haber pagado 130.000 dólares a la actriz porno Stephanie Clifford, popularmente conocida como Stormy Daniels, para evitar que esta hiciera pública una relación extramarital. Aunque el acto de pagar para prevenir la divulgación de información no constituye un delito en Estados Unidos, se imputa a Trump la creación de un mecanismo financiero clandestino. Este mecanismo tenía por objetivo sortear el escándalo con Daniels durante su campaña presidencial de 2016, circunstancia que sí conlleva posibles repercusiones legales.

La defensa de Daniels sostiene que el objetivo de estos pagos era asegurar el silencio de la actriz en el contexto electoral de 2016, periodo que concluyó con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

En el centro de todo este histórico capítulo judicial y político en Estados Unidos se encuentra el juez Juan Merchán, nacido en Bogotá y quien tendrá la última palabra en el caso.

Merchán ya le impuso una multa de 1,6 millones de dólares a la empresa familiar del magnate neoyorquino en 2022 por fraude fiscal. También dictaminó una condena contra Allen Weisselberg, la mano derecha de Trump.

Todo esto le valió al juez colombiano de 60 años ataques del candidato presidencial republicano en contra de su hija, acusándola de hacer parte de una campaña demócrata. Pero a Merchán no le tembló la mano para decretar una orden de mordaza contra Trump, una medida relativamente común en el sistema judicial estadounidense que consiste en prohibir a los implicados en un proceso hacer comentarios públicos sobre el caso, incluido en redes sociales.

Tal medida le impide al expresidente hacer comentarios sobre los testigos fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como sobre sus familiares. Esa misma orden fue ampliada el 1 de abril hacia el propio juez y el fiscal del caso, Alvin Bragg.

Trump había estado utilizando su cuenta de la red social para escribir que Loren Merchán, hija del juez Merchán “gana dinero trabajando para ‘atrapar a Trump’” y que su padre era “un verdadero y certificado ‘hater’ de Trump que sufre un caso severo de síndrome de locura” contra él. El expresidente afirma que el juez colombiano y otros magistrados que han fallado en contra suya hacen parte de una conspiración izquierdista radical que ha desatado una “cacería de brujas”.

Juan Merchán emigró a Estados Unidos a la edad de seis años junto a su familia y fue asignado al caso de Trump como parte de un proceso de rotación habitual entre jueces encargados de supervisar grandes jurados.

Los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito de Manhattan se originaron a partir de una serie de encuentros y transacciones financieras que supuestamente buscaban prevenir la divulgación de información que podría perjudicar la imagen pública de Trump en el período previo a las elecciones presidenciales.

Particularmente, se investiga un pago de 130.000 dólares a Daniels a través de una empresa ficticia por parte de Michael Cohen, entonces abogado del magnate, para asegurar su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial con Trump, quien ha negado tanto la relación como la realización de dicho pago. Estos eventos salieron a la luz después de que investigaciones periodísticas revelaran la existencia de los mismos, destacando el caso aparte de Karen McDougal, otra mujer que también habría recibido dinero por su silencio.

El proceso hacia el juicio comenzó con la grabación de una conversación entre Trump y Cohen sobre un posible pago a McDougal y se intensificó tras la divulgación de un video de Access Hollywood en 2016, donde Trump hacía comentarios despectivos sobre las mujeres. Este contexto provocó un esfuerzo de control de daños que, según los fiscales, incluyó el pago por el silencio de Daniels.

Posteriormente, Cohen confirmó el esquema de pagos durante su testimonio en 2018, lo que llevó a su propia condena y prisión. A raíz de estas declaraciones, se inició una investigación exhaustiva que culminó con la acusación penal de Trump en 2023, convirtiéndolo en el primer presidente o expresidente en enfrentar cargos penales en la historia de Estados Unidos.