Desempleo en Colombia seguiría en aumento al cierre de 2024: esta es la razón

Un nuevo análisis sobre el entorno macroeconómico de Colombia, Ecuador y Perú advierte sobre la complejidad para la región Andina en 2024, con importantes riesgos macroeconómicos y sectoriales a gestionar. Por eso, en este se destacó la trascendencia de una sólida gestión de riesgos políticos, normativos, reputacionales y de continuidad de negocio para que las organizaciones puedan navegar con éxito este panorama retador en los tres países.

El estudio, denominado Actualidad Macroeconómica 2023 y hecho por Aon y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ofrece un análisis de las tendencias económicas actuales en estos tres países. Además de examinar la evolución macroeconómica por industria durante el último año y la respectiva proyección, proporciona un análisis detallado de los riesgos asociados a las variaciones en la matriz de riesgos.

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“Como consecuencia, se convierte en una gran herramienta para hacer negocios al ofrecer información fundamental para comprender la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos y visualizar las oportunidades y retos del mercado”, señaló el líder de Consultoría en Riesgos en Aon para la región Andina, Andrés Sánchez.

El reporte resalta importantes desafíos económicos para este año en Colombia, con un crecimiento proyectado del 1,1% debido a la desaceleración de la demanda interna y la política monetaria contractiva.

“Las finanzas públicas se encuentran bajo presión, con metas ambiciosas de recaudación tributaria y un aumento de gastos que supera los ingresos proyectados. Se espera que el desempleo aumente hasta alcanzar entre el 11,1% y el 11,6% debido a la desaceleración económica”, dice el mismo.

Además, que la inflación sigue siendo un desafío, con proyecciones del 5,5% para 2024, lo que mantiene altas las tasas de interés y restringe el acceso al crédito.

Por su parte, el déficit en cuenta corriente (componente de la balanza de pagos que registra todos los ingresos y los egresos de recursos entre la economía local y el resto del mundo) se mantiene elevado en un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja desequilibrios externos persistentes y presenta riesgos significativos para la estabilidad económica del país.

En cuanto a sectores clave en Colombia, se destacan riesgos y oportunidades. Son las siguientes:

En el informe se señala una incertidumbre por no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, aunque destaca potencial gasífero en cuencas marinas, adicionalmente, con Hidroituango, las hidroeléctricas recuperaron 73% de participación en 2022. El carbón continúa siendo el mineral de mayores niveles de exportación, consolidando el país como principal productor mundial.

Frente a este panorama, se identifica que las principales soluciones para gestionar riesgos en este sector incluyen el cumplimiento de regulaciones ambientales y sociales, garantizando operaciones sostenibles y respetuosas con las comunidades locales, así como la implementación efectiva de criterios ESG 1 (se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

La diversificación de la matriz energética es fundamental, especialmente en Colombia y Ecuador, para reducir la dependencia de recursos no renovables. La interrupción del negocio ha sido históricamente un riesgo relevante, y fortalecer políticas internas corporativas y planes de continuidad de negocio es crucial para una gestión adecuada del riesgo.

Se proyecta un decrecimiento del 1,3% para el sector manufacturero colombiano en 2024. La agricultura ha mostrado variaciones negativas recientes. En agosto de 2023, las ventas minoristas registraron una caída anual del 7,8%, aunque el empleo en el sector aumentó un 3,3%.

Los riesgos destacados incluyen la volatilidad en los precios de las materias primas, los riesgos cibernéticos, la atracción y retención de talento, así como los desafíos reputacionales y de gobernanza corporativa asociados al marco regulatorio. El informe destaca que el sector debe fortalecer la gobernanza para evitar vulnerabilidades en los sistemas de información.

El sector de construcción e infraestructura en Colombia enfrenta riesgos significativos, incluyendo la desaceleración económica, la recuperación lenta y la dificultad para atraer y retener talento, así como la preocupación por la violación de datos y los ataques cibernéticos.

Estos factores, combinados con la caída en las ventas de viviendas y la disminución en la financiación de proyectos debido a cambios en políticas y aumentos de costos, han resultado en fuertes contracciones, como se evidenció en las caídas del 3,5% y 3,7% en el primer semestre de 2023.

A pesar de las expectativas de nuevos proyectos territoriales en 2024, se proyecta una caída del 2,7% del sector de la construcción. La reactivación del subsidio a la cuota inicial y la tasa de interés, con recursos adicionales, se considera fundamental para estimular el sector de la vivienda y, en última instancia, impulsar la recuperación del sector de Construcción e Infraestructura.

Se evidencia una contracción real del 4% en la cartera bruta de Colombia durante 2023, influida por el consumo deprimido (caída del 7%) debido a la política monetaria restrictiva. Si bien hay un deterioro en la calidad de cartera en Colombia, Perú y Ecuador, se mantiene en niveles aceptables sin comprometer la solidez financiera.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales riesgos emergentes para las instituciones financieras es el riesgo cibernético y de seguridad de la información asociado a la transformación digital y la adopción de nuevos modelos de banca como el open banking y los neobancos. El sector financiero es uno de los más maduros en gestión de ciberseguridad, sin embargo, la contratación de proveedores y aliados estratégicos para ejecutar estas nuevas estrategias digitales incrementa el riesgo reputacional, legal y operativo, ya que garantizar que estos terceros tengan las mismas inversiones en ciberseguridad y manejo de información resulta complejo.

Esto convierte a los proveedores en una causa directa de riesgo cibernético para las instituciones financieras y sus usuarios.