Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), compartió detalles significativos sobre la situación de los carrotanques destinados a la Guajira, anunciando la contratación de una auditoría externa para evaluar minuciosamente estos activos ante posibles procesos legales.
Durante una inspección visual realizada días atrás, Carillo observó que existen 80 carrotanques divididos en dos grupos: 40 de 16.000 litros y otros 40 de 7.000 litros, localizados en Riohacha. Específicamente, 20 de los de menor capacidad se hallan en un parqueadero privado y los restantes en el Batallón Cartagena. Todos son camiones Chevrolet nuevos, pero de configuración básica, careciendo de comodidades como aire acondicionado, y adquiridos a un costo de 725 millones de pesos cada uno.
En cuanto a los carrotanques de mayor tamaño, valorados cada uno en 1.170 millones de pesos, estos son camiones DAF Trucks NV, igualmente nuevos, cuyos tanques fueron fabricados por tres proveedores distintos: Romarco, Incoltanques y Servithomas. Los tanques Romarco destacan por su diseño adecuado y funcionalidad, a pesar de su alto costo, representan unidades que cumplen con su propósito, pero están inmovilizados por problemas administrativos. Entre las características señaladas por Carillo están el diseño adecuado de las luces traseras y los guardabarros, así como el uso de politetrafluoroetileno (PTFE) o teflón en su estructura, contribuyendo a su eficiencia y durabilidad.
Sin embargo, los tanques de Incoltanques presentan deficiencias en cuanto a diseño, como la falta de las luces originales del camión y otros problemas estructurales. Aún más problemáticos son los tanques provistos por Servithomas, con veintiuno afectados por colapsos y fallas poco después de entrar en uso. A diferencia de los producidos por Romarco, estos carecen de teflón, utilizando en su lugar bloques de madera pintada y materiales de inferior calidad, lo que ha llevado a Carillo a cuestionar la uniformidad en los estándares de calidad y precio de los tanques adquiridos, sugiriendo falencias en la supervisión y control de calidad por parte de la Ungrd en el proceso de adquisición.
Este análisis pone en evidencia preocupaciones significativas sobre la gestión y eficacia de recursos destinados a proyectos vitales, insinuando la posibilidad de irregularidades administrativas y técnicas que ameritan una investigación exhaustiva para esclarecer y garantizar la correcta utilización de los fondos públicos.
El polémico negocio de los carrotanques estaría relacionado con lavado de activos
Una investigación ha puesto en relieve operaciones financieras controvertidas relacionadas con la adquisición de carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira, implicando a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), Impoamericana Roger S.A.S., y Kenworth de la Montaña. Impoamericana Roger S.A.S. realizó consignaciones en efectivo por más de novecientos millones de pesos colombianos, a través de tres operaciones en el Centro Comercial Unicentro de Pasto. Estos pagos, efectuados en la sede de Bancolombia en esta ciudad, están vinculados a Luis Eduardo Rosero, alias ‘El Pastuso’, quien ha sido un contratista para la gestión del riesgo bajo la empresa Luket S.A.S.
Los desembolsos, que ascienden a cientos de millones, incluyen pagos específicos de 300 millones de pesos el 25 de octubre de 2023, y dos adicionales de 292 y 350 millones de pesos en noviembre y diciembre del mismo año, respectivamente. Un aspecto sospechoso es un pago del 19 de diciembre donde, además de 350 millones de pesos en efectivo, se realizó una transferencia de 51 millones de pesos desde Kalmo S.A.S., empresa ubicada en Pasto con presuntas conexiones familiares con ‘El Pastuso’.
La procedencia de estos fondos genera dudas, ya que Impoamericana Roger S.A.S. es descrita como una “empresa de papel”, lo que sugiere la posibilidad de actividades financieras ilícitas detrás de estas transacciones. A esto se suma la muerte del empresario Elmer Celis, vinculado con Impoamericana Roger S.A.S., cuyo asesinato sin resolver añade una capa de misterio a este escándalo financiero.
La continuidad de pagos en efectivo, especialmente con la implicación de transferencias desde empresas conectadas personalmente de manera sospechosa, sugiere la posibilidad de lavado de dinero o malversación. Este caso destaca la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer la fuente de estos fondos y las relaciones entre las personas y entidades involucradas, reafirmando la importancia del periodismo de investigación en la supervisión de prácticas empresariales y contratos públicos.
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