La Procuraduría alertó sobre violaciones a derechos de los migrantes y anunció una audiencia preventiva

En la mañana del sábado 13 de abril, la Procuraduría General de la Nación anunció una citación a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirán compromisos puntuales para restablecer los derechos de los migrantes y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos.

La Procuraduría General de la Nación pudo establecer que persiste la crisis en la ruta que conduce de Cúcuta a Bucaramanga, por donde transitan de 800 a 3.000 migrantes de ese país cada mes.

El equipo, liderado por el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, pudo establecer la ausencia y el abandono de las entidades estatales responsables de la atención al migrante en los 198 kilómetros, a pesar de que al menos el 30% de estos migrantes son niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias.

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También se han registrado, en lo corrido del año, 113 mujeres gestantes y 154 madres lactantes en la ruta, sin recibir ninguna atención del estado.

Esto además de otras vejaciones cómo la trata de personas con fines sexuales y prostitución infantil, entre otras, que denuncian los caminantes.

Durante el recorrido, el equipo visitó cinco puntos de atención al migrante financiados y operados en su totalidad por organismos de cooperación internacional, que tendrán que cerrar sus puertas en el segundo semestre de 2024 por falta de recursos, a pesar de múltiples solicitudes de apoyo que han elevado frente a las administraciones locales y al gobierno nacional.

Con la información recaudada y tras verificar el incumplimiento de las 167 recomendaciones hechas por el Ministerio Público para enfrentar la crisis migratoria, el delegado anunció que citará en los próximos días a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirá compromisos puntuales para restablecer los derechos de estas personas vulnerables y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos.

La Procuraduría anunció el 10 de abril que verificará en terreno las condiciones que afrontan los más de 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que recorren cada mes los 198 kilómetros entre el puente fronterizo Simón Bolívar en Cúcuta y la ciudad de Bucaramanga, primer destino en su periplo hacia diferentes puntos de Colombia.

El equipo, liderado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, verificará durante el recorrido si las entidades gubernamentales están cumpliendo con las recomendaciones sobre atención en la ruta y garantía de derechos a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, madres gestantes y personas de la tercera edad, que presentó la Procuraduría en su informe preventivo de enero de 2023 para lograr una migración segura, ordenada y regular.

La comisión visitará los siete puntos de atención que se encuentran a lo largo de la Ruta de los Migrantes, en el puente Simón Bolívar de Cúcuta, Los Patios, Chinácota, Pamplonita, Pamplona, Berlín y Bucaramanga, para hablar con los migrantes, ver en qué condiciones llegan a cada punto, qué ayudas reciben por parte del estado, de qué adolecen y cuáles son los peligros a los que se exponen.

Durante la Ruta del Migrante, el delegado presentará la Directiva 002 de 2024, en la que el organismo entregará nuevas pautas a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para lograr una atención integral, respetando el enfoque diferencial y de género a esta comunidad vulnerable amparada por la Constitución nacional y la legislación internacional.

Con la información recaudada, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos realizará un informe de seguimiento que servirá para evaluar las medidas preventivas y disciplinarias a las que haya lugar en los casos de incumplimiento.