El canciller (e) Luis Gilberto Murillo ordenó una investigación interna para esclarecer por qué Juan Fernando Petro y su esposa, Beth Levy Bethel, portaban pasaporte diplomático colombiano desde octubre de 2022.
Este hecho se produjo tan solo dos meses después de que el presidente Gustavo Petro asumió su cargo en casa de Nariño como presidente de la República.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
La medida tomada hasta ahora implica la suspensión inmediata de los documentos diplomáticos, mientras se revisa exhaustivamente la normatividad vigente para determinar si la expedición de estos pasaportes fue irregular.
El interés público se centró en la conexión entre Juan Fernando Petro y Beth Levy Bethel, quienes recientemente registraron un cambio de nombre y están vinculados a dos fundaciones, como se publicó en un informe de El Tiempo. Este contexto añade una capa de complejidad a la situación, elevando interrogantes sobre posibles motivaciones detrás de la obtención de los pasaportes diplomáticos.
La Cancillería, a través del canciller (e.) Luis Gilberto Murillo, afirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en este proceso, subrayando la importancia de esclarecer cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido en la expedición de estos documentos.
A medida que avance la investigación interna, se espera que se brinden más detalles sobre este asunto y se aclaren las circunstancias que rodean la obtención de los pasaportes diplomáticos por parte de Juan Fernando Petro y su esposa. La revisión de la normatividad pertinente jugará un papel crucial en determinar si se trató de un procedimiento regular o si hubo anomalías en su expedición.
Caso de los pasaportes diplomáticos: investigación reveló vínculos y cuestionamientos
La solicitud y expedición de pasaportes diplomáticos para Juan Fernando Petro y su esposa, Beth Levy Bethel, desencadenó una investigación en Colombia, arrojando luz sobre conexiones y actividades que generan interrogantes.
Juan Fernando Petro reconoció que solicitó los documentos en su calidad de miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual fue expulsado recientemente. Voceros de la comisión lo acusan de desviar sus funciones, alegando que adelantó gestiones que no le correspondían.
En una compleja trama, se descubrió que el hermano del presidente también solicitó un pasaporte diplomático para su esposa, Beth Levy Bethel, quien estaba vinculada al llamado Cuerpo de Paz de la misma comisión. La expedición del pasaporte a Bethel se realizó con un cambio de nombre, generando más interrogantes sobre la legalidad del proceso.
Además, se reveló que Bethel está involucrada en dos fundaciones, incluida la Fundación Tín Marín de Bru, de la cual Juan Fernando Petro es secretario general. Esta fundación participó en un conversatorio organizado por la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (Wola), donde se abordaron temas relacionados con el conflicto armado y los derechos humanos en Colombia.
La investigación también busca determinar si los pasaportes fueron utilizados para ingresar a otros países. Se ha informado que tanto Bethel como Petro han realizado viajes a destinos europeos importantes, como Milán, Madrid, Barcelona y París. Aunque Petro ha afirmado que no utilizaron su estatus diplomático en estos viajes, la Cancillería está verificando esta información.
Ante estas revelaciones, Beth Levy Bethel se negó a hacer comentarios sobre la investigación de la Cancillería y el motivo de la expedición de los pasaportes diplomáticos.
Por su parte, Juan Fernando Petro negó cualquier irregularidad en sus actividades y solicitó a la Fiscalía que investigue sus visitas a la cárcel La Picota, así como los supuestos esquemas de seguridad solicitados a la Unidad Nacional de Protección.
La situación se complica aún más con la expulsión de Petro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y las afirmaciones de Rodrigo Ricaurte, director para las Américas de esa organización, quien asegura que Petro no cumplió con sus responsabilidades y cuestiona el destino de fondos por valor de $6.500 millones.
La investigación continúa, y se espera que se aclaren más detalles sobre estos controvertidos eventos en los próximos días.