Investigación disciplinaria al fiscal del caso de Nicolás Petro por filtrar los videos del interrogatorio del hijo del Presidente podría costarle el puesto

Nuevas trabas aparecen el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, después de que se anunciara la investigación de tipo disciplinario contra el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.

Y es que el funcionario de la Fiscalía, quien se consideró como la mano derecha de Francisco Barbosa y uno de los fiscales con más apariciones públicas por el calibre de los casos que han quedado a su cargo, ahora se enfrenta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, acusado de ser partícipe en la filtración de un video confidencial del interrogatorio a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en el cual se le escucha confesar sobre financiamiento irregular en la campaña presidencial de su padre.

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Las indagaciones apuntan a que Burgos podría enfrentarse a una suspensión por presuntamente revelar dicha información confidencial, lo que pondría trabas al proceso que se adelanta contra el hijo del presidente.

El material difundido que dejó contra las cuerdas al primer mandatario, después de que Nicolás ofreciera a la Fiscalía cooperar en el caso, aportando evidencia y testimonios sobre la entrada de dinero de procedencia cuestionable a la campaña de su padre.

Sin embargo, una vez fue publicado el video por la revista Semana en octubre de 2023, a pesar de ser un material reservado del despacho del fiscal, el acuerdo se fue al piso y Petro Burgos decidió retractarse de sus afirmaciones, asegurando que fue presionado para irse en contra de su padre, además de acusar por primera vez al fiscal Burgos de atentar contra sus garantías en el proceso.

“Este video se hace solo con fines judiciales. No se va a hacer ninguna publicación, no vamos a tener copia alguna y la única copia estará custodiada. Si se filtra alguna cosa, será por alguno de nosotros”, se oye decir al fiscal en la grabación que se volvió tendencia nacional.

Es por eso que el caso contra Mario Burgos llegó hasta el despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta, encargada de liderar la investigación disciplinaria contra Burgos, cuyos vínculos profesionales y personales han generado suspicacias, según reveló un informe de La Silla Vacía.

De hecho, Acosta ha sido señalada por sus conexiones con Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro y magistrado de la Corte Constitucional, e Irma Solangel Torres, abogada de cercanía con Fernández y recomendada por Acosta como conjuez.

Además, Magda Acosta fue la misma magistrada que logró la suspensión del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, después de comprobar que pagó sobornos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que testificara en favor del exmandatario y señalara al senador Iván Cepeda en el sonado caso que tiene hoy al líder del Centro Democrático a punto de ir a juicio.

Pero la situación del fiscal Mario Andrés Burgos parece oscurecerse cada vez más, después de que al despacho de la magistrada también llegara una solicitud para investigarlo por la filtración de un segundo video, que dejó ver el momento exacto en el que el hijo del presidente fue capturado en su residencia en Barranquilla. Aquel material también gozaba de reserva hasta el momento en el que Semana lo reveló, generando el rechazo de Nicolás Petro, quien aseguró que el video también fue filtrado desde el despacho de Burgos.

Pero el fiscal también cuenta con otras investigaciones disciplinarias activas en varios casos polémicos que estuvieron a su cargo, como el asesinato de Mercedes Gnecco y las acusaciones en contra de la exfiscal Ana Catalina Noguera.

De hecho, la defensa de José Manuel Gnecco, investigado por el asesinato de su esposa, planea sumar otra denuncia contra Burgos por presunta ocultación de evidencia en caso, como lo fue un informe de balística que demostraría que en el lugar del asesinato de la mujer se encontraban más personas, además de su esposo.

“El informe demostraba que el arma homicida fue encontrada en manos de terceros, algo que desde luego tenía que haber sido materia de investigación en el marco del homicidio. Burgos tenía la obligación de informar que tenía ese informe. Sin embargo, guardó silencio al respecto”, señaló el abogado Óscar Iván Hernández en diálogo con La Silla Vacía.