La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación relacionada con el caso de los helicópteros del Ejército Nacional que aparentemente permanecen estacionados en la base de Tolemaida por falta de mantenimiento.
De acuerdo con el anuncio del Ministerio Público, con esta investigación se busca establecer si hay irregularidades en el proceso de contratación del mantenimiento de las aeronaves.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Según estableció la Procuraduría hasta el momento, el contrato se celebró en enero del 2022, durante el gobierno de Iván Duque, con una compañía rusa.
Desde ese momento se habría registrado varias modificaciones en el proceso contractual, lo que estaría provocando pérdidas para el país, no solo en materia de mantenimiento de las aeronaves que estarían sin poder prestar el servicio, sino económicas por los recursos que ya se giraron a la compañía.
“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exsecretaria general del Ministerio de Defensa Nacional, Ana María Garzón Botero, por posibles irregularidades en el convenio suscrito con una compañía rusa para el mantenimiento de helicópteros del Ejército”, indicaron desde el organismo de control a través de un comunicado.
Las presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de helicópteros
Desde la Procuraduría General de la Nación informaron que el acuerdo contractual se firmó el 28 de enero de 2022 con la Nacional Aviation Services Company S. A. (Nasc S. A.). el objetivo de contrato era la “recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero MI-17-1V (MD) EJC-3385 S/N 170M11″. Según establecieron en la entidad, el acuerdo se firmó por un valor de 7.747.710 dólares.
Posteriormente, el 5 de mayo de ese mismo año las partes, es decir el gobierno de Colombia en cabeza del Ministerio de Defensa y la compañía rusa, acordaron suspender la ejecución del contrato por dos meses calendario.
El motivo de la suspensión del acuerdo eran los conflictos entre Rusia y Ucrania que provocaron incertidumbre y dificultades para el normal desarrollo del contrato de mantenimiento, según indicaron desde el Ministerio Público.
Sin embargo, dos meses más tarde, es decir en julio del 2022, se llegó a un acuerdo para reiniciar las labores establecidas en el contrato.
En enero de 2023, de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría, las partes suscribieron un suplemento al contrato que modificó, entre otros aspectos, la forma y condiciones de pago y el plazo de ejecución, “a pesar de que la situación que originó la suspensión del bilateral no había sido superada”.
Esa serie de contratiempos e inconvenientes para la ejecución del contrato, de acuerdo con el Ministerio Público, habría provocado un detrimento en el patrimonio. Además, estaría en riesgo el adelanto que se entregó a la compañía rusa que sigue sin ejecutar el acuerdo.
“El ente disciplinario advierte además sobre el riesgo de los recursos públicos por el supuesto giro del 50 % del valor del contrato como pago anticipado, pese a lo cual, de acuerdo con las noticias informadas por diversos medios de comunicación, los helicópteros Ml-17 se encuentran en los hangares de Tolemaida sin prestar servicio”, señalaron desde el órgano de control.
En el desarrollo de la investigación que adelanta el organismo de control, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas para conocer el estado del proceso contractual para el mantenimiento de los helicópteros del Ejército Nacional, los pagos que se han hecho a la compañía rusa, además de las acciones adelantadas para lograr su ejecución.
Con esto se busca establecer si efectivamente hay recursos públicos en riesgo, además de establecer cuándo entrarán en operación las aeronaves que se encuentran estacionadas en el hangar de Tolemaida.