El exsenador Ciro Ramírez fue imputado oficialmente por la Corte Suprema por corrupción en contratación pública

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia imputó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por su implicación en una trama de corrupción que comprende los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Esta acusación se basa en actividades ilícitas que se habrían desarrollado entre 2021 y 2022, relacionadas con la manipulación indebida en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), orientadas a la adjudicación de contratos para obras públicas a lo largo de diversos departamentos del país. Ramírez ha estado en prisión preventiva desde diciembre del año precedente, y esta condición se mantendrá, según la decisión de la Corte.

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Los hechos investigados detallan cómo Ramírez presuntamente utilizó su influencia para favorecer la asignación de contratos de manera indebida, una práctica que compromete la transparencia y ética pública.

La detención de Ramírez refuerza el mensaje de la justicia colombiana contra la impunidad en casos de corrupción y marca un precedente importante en la lucha contra este flagelo. La Corte Suprema de Justicia, al mantener la medida de aseguramiento, reitera su compromiso con la ley y la integridad en la administración de recursos públicos.

El alto tribunal ha destapado una supuesta red de corrupción liderada por Ciro Ramírez, un senador acusado de haber organizado un esquema delictivo para adjudicarse un lucrativo contrato de gerencia integral en el año 2021, involucrando una suma de 48.660 millones de pesos. Este contrato, firmado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta, dio lugar a otros 13 contratos presuntamente direccionados para beneficio político y económico de Ramírez y sus asociados.

De acuerdo con las investigaciones, Ramírez, en colaboración con Pierre García, exsubdirector del DPS, habría favorecido intereses particulares en las regiones de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, a cambio de sobornos que superaron el millón de pesos. Este método de corrupción tiene similitudes con el empleado por el exsenador Mario Castaño, quien también derivó fondos públicos hacia sus intereses a través del direccionamiento de contratos. Un vínculo clave en esta trama es Alejandro Noreña, quien participó en el entramado de Castaño y se reunió con Ramírez en septiembre de 2021.

Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, atestiguó ante la Fiscalía que el diseño de contratación permitía la selección arbitraria de múltiples convenios. La firma del convenio 670 se realizó entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, abarcando contratos por un valor de 24.606 millones de pesos. Herrera menciona la creación de una “bolsa” dentro del contrato mayor, enfocada en zonas de influencia de Ramírez, las cuales incluían a Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas, y Risaralda.

Ramírez defiende su inocencia argumentando que las declaraciones de Herrera podrían estar motivadas por el interés de obtener beneficios dentro del proceso judicial. Este complejo caso pone en evidencia una estructura de corrupción que entremezcla intereses políticos y empresariales a costa de recursos destinados a la prosperidad social, ahora objeto de escrutinio por parte de la justicia colombiana.

Tras pasar tres meses detenido en La Picota, bajo acusaciones vinculadas al caso conocido como ‘Las Marionetas’, Ciro Ramírez, senador, ha hecho públicas sus críticas hacia las alegaciones presentadas en su contra, caracterizando las evidencias como insuficientes y cuestionables. En declaraciones a Focus Noticias, manifestó su punto de vista sobre las inconsistencias en los testimonios que lo señalan, especialmente refiriéndose a las afirmaciones realizadas por Pablo César Herrera, director de Proyecta Quindío y principal testigo del caso.

El conflicto giró en torno a un contrato entre Proyecta Quindío y el Departamento de Prosperidad Social, en la gestión del expresidente Iván Duque, lo que generó acusaciones hacia Ramírez por supuesta injerencia indebida en ciertos proyectos de construcción en las regiones de Quindío y Tolima. Ramírez defendió su posición, indicando que su intervención en una visita a Herrera mientras estaba detenido fue un acto humanitario, a petición de un abogado, para asistir en una situación de vulnerabilidad que Herrera enfrentaba.

Durante la entrevista, también se mencionó un comentario hecho por Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, en la plataforma X, tras la detención de Ramírez, lo cual aparentemente causó decepción en el senador. Ramírez expresó su tristeza y desilusión por lo que consideró una falta de apoyo de Uribe y del partido, destacando su contribución y defensa de la presunción de inocencia en situaciones similares.