A pesar de que en 2016 el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP), el país sigue enfrentando la crudeza de la violencia. De acuerdo con cifras reveladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1944 hasta 2023 hubo 5.540 líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado.
De la totalidad de estas personas, 5.010 murieron. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), el 80% de ellas fueron asesinadas de forma selectiva, es decir, 4.452 líderes y lideresas. Otras 521 fueron desaparecidas de manera forzada y representan el 9% de las víctimas. Además, 334 ciudadanos (6%) fueron asesinados en medio de masacres.
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Pero la cuenta no se detuvo en 2023. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), para febrero de 2024 ya habían asesinado a 20 líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional. La mayoría eran líderes comunales de sus municipios. A esto se suma que, a corte de febrero del año en curso, ya se habían registrado 11 masacres en Colombia, que dejaron un saldo de 21 víctimas.
Los líderes sociales hacen parte de un grupo de millones de personas que han sido catalogadas como víctimas del conflicto. Según las cifras reportadas por la Unidad para las Víctimas, más de nueve millones de personas sufrieron la guerra interna en Colombia y más de siete millones son sujetos de reparación.
No obstante, este proceso podría tardar más de 100 años en completarse debido a la carencia de recursos. Según el presidente Gustavo Petro, para el presente año se asignó un presupuesto de $4,4 billones para atender a las víctimas, pero se estima que la reparación integral requeriría de $301 billones, lo que significa que el Estado se tardaría 125 años en cumplirles a todas las víctimas, si se continúa con el ritmo de trabajo actual.
Por eso, el Gobierno nacional propuso actualizar la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) con el objetivo de acelerar el proceso de reparación. Esta iniciativa busca modificar la legislación vigente para hacer frente a las necesidades de justicia.
La propuesta de actualización fue anunciada por primera vez el 10 de junio de 2023 por Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas. Esta medida representa un esfuerzo del ejecutivo para optimizar los recursos y los procedimientos de reparación.
No obstante, el proceso de reparación enfrenta mucho más que la falta de dinero. En una auditoría adelantada por la Secretaría de Transparencia se identificaron anomalías en la gestión de bienes inmuebles y en procesos de contratación entre 2018 y 2022, bajo el mandato del expresidente Iván Duque. Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico total de $4.203.798.684.
“No solo produjeron centenares de miles de víctimas en Colombia, sino que además, se robaron parte de los recursos que iban para su indemnización”, cuestionó el presidente Gustavo Petro en X (antes Twitter).
Duras críticas a Gustavo Petro por las víctimas del conflicto armado
Sin embargo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal arremetió el primer mandatario por la manera en que se ha estado viviendo el conflicto armado durante más de año y medio en el que ha estado en el poder.
La congresista indicó que se han documentado 148 masacres en el país desde que el presidente tomó posesión de su cargo (7 de agosto de 2022) y que, además, han asesinado a 228 líderes y lideresas sociales. “Recordemos que se han gastado y no sabemos en qué más de 77 billones de pesos en el acuerdo con las FARC”, añadió la congresista en la red social.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.
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