Fico Gutiérrez anunció propuesta para restringir la entrada de turistas extranjeros a Medellín: de qué se trata

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una iniciativa contra le explotación sexual, motivada en los hechos ocurridos en la capital de Antioquia, en los que el estadounidense Timothy Alan Livingston fue encontrado por la Policía en un hotel en compañía de dos menores de edad.

En la habitación habían restos de drogas y condones usados, según ha establecido la Fiscalía a partir de entrevistas forenses y recolección de videos como prueba. Sin embargo, la Policía argumentó que no podía capturarlo por que “no lo encontró en flagrancia”.

Entonces, la propuesta consiste en evitar el ingreso a la ciudad de extranjeros que tengan historial judicial por delitos sexuales. Esta medida restrictiva, de contar con el respaldo del Gobierno nacional, se dirigiría principalmente hacia ciudadanos estadounidenses. Cabe mencionar que el 9 de abril la Fiscalía reveló que Livingston cuenta con investigaciones por dos casos de presunto abuso sexual a menores en Estados Unidos.

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Según informó la Alcaldía, la propuesta sigue recomendaciones de agencias internacionales y busca establecer una base de datos compartida entre las autoridades colombianas y las aerolíneas para filtrar la llegada de turistas a la capital de Antioquia.

En esta base de datos se incluirían los nombres de los ciudadanos estadounidenses que hayan sido procesados o investigados por abuso sexual. Si el nombre de un visitante figura en este documento, se le negaría la entrada a la ciudad.

El alcalde Gutiérrez ha justificado esta medida debido a los recientes episodios violentos sufridos por menores de edad en el Valle de Aburrá a manos de ciudadanos extranjeros. “Cualquier ciudadano americano que haya sido judicializado o investigado por pederastia o abusos sexuales ni siquiera debería ser permitido abordar un avión hacia Medellín. Deberían ser devueltos desde la puerta del avión en Estados Unidos”, afirmó Gutiérrez.

En este sentido, la administración local espera que Migración Colombia sea un aliado clave en la implementación de este proyecto, que busca combatir el delito de explotación sexual infantil.

Gutiérrez indicó también que la explotación sexual de menores en Medellín es una realidad y, de hecho, señaló que “ha venido creciendo a lo largo de los años por un mal turismo”.

Por su parte, la procuradora General, Margarita Cabello, dijo que las estrategias no deben estar centradas solamente en los explotadores: “Ese es uno de la cadena, vamos también por los que demandan tener sexo [con menores de edad], vamos por todos los que están haciendo parte de la red y se están enriqueciendo”.

“En mi opinión, la comprobación de un solo caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes debería ser suficiente para activar la extinción de dominio sobre un bien”, expresó Gutiérrez tan pronto se conocieron los hechos a finales de marzo.

No obstante, el mandatario local explicó que, según la legislación actual del país, no fue posible la captura porque esa era la única opción legal disponible para un comandante de Policía. Aunque defendió el accionar de la policía en un principio, posteriormente expresó que, de depender de él, Livingston ya estaría tras las rejas.

Conforme avanzó la investigación, se evidenciaron algunos posibles errores en el operativo policial. Según Gutiérrez, la persona involucrada no debería haber podido salir del país dada la flagrancia del delito al estar en un apartamento con dos menores de edad y con los objetos que allí se encontraron.

Por ello, en paralelo a la búsqueda de Livingston, la procuradora Cabello anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra ocho miembros de la Policía Nacional involucrados en el operativo. Esta se justifica en la presunta omisión de los uniformados al no poner a disposición de la autoridad competente al ciudadano extranjero para que la Fiscalía General de la Nación continuara con el trámite.

Aunque la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá argumentó que no se logró hallar en flagrancia al extranjero cometiendo el delito de acceso carnal abusivo o acceso carnal violento. En cambio, el Ministerio Público señaló que correspondía a los policiales que conocieron los hechos disponer de la preservación de la escena y la integridad de los elementos hallados en la habitación.